La Junta licita otro contrato externo para «controlar» las ayudas europeas

Sólo así se entiende que haya licitado un concurso público para la «prestación de asistencia técnica y asesoramiento jurídico, financiero y contable en todas las fases del procedimiento de coordinación del control externo de las operaciones enmarcadas en los programas cofinanciados con los Fondos Europeos».

Lo que persigue el contrato es que una empresa externa a la Junta controle las instituciones europeas (Tribunal de Cuentas, Comisión, Autoridad de Gestión, Autoridad de Auditoría) que a su vez vigilan los organismos del Gobierno andaluz encargados de ejecutar los fondos que Europa concede para el periodo 2007-2013. La misma función que tiene asignada la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación como centro directivo y que ahora se limitará sólo a «coordinar» los trabajos. De hecho, tras detallar todas las atribuciones que asumirá la sociedad seleccionada, la Junta incluye «cualquier otra actuación relacionada con el control externo comprendida en el ámbito competencial de la Dirección General».

En plena polémica por el reciente decreto-ley 5/2010 de reordenación del sector público empresarial que tanto malestar ha ocasionado entre el personal funcionario, la Administración autonómica sigue recurriendo a la contratación de servicios externos, bien a través de la red de empresas públicas o directamente con la convocatoria de concursos de libre concurrencia.
En este caso, el pliego de condiciones hace extensivo este asesoramiento a cualquier órgano de la Junta que sea objeto de control externo por parte de las autoridades europeas en cualquiera de las fases del procedimiento.

El presupuesto base asciende a 415.095,18 euros –IVA incluido– por un año que se podrá prorrogar, en las mismas condiciones, por otro más.
La empresa elegida preparará y elaborará las alegaciones necesarias en nombre de la Junta ante los órganos controladores que fiscalizan las ayudas europeas.

No se trata de un simple contrato de prestación de servicios en el que la empresa contratada evacua unos informes periódicos. La Junta exige que se ponga a disposición de su dirección general a cinco personas que trabajarán en la sede de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

Pese a que los cinco trabajadores de la empresa adjudicataria desarrollarán su labor en las dependencias de la Junta durante uno –o dos años– «no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del órgano de contratación». Con esta cláusula, la Junta trata de evitar que esas atribuciones generen algún tipo de derecho laboral.

El motivo para que no desarrollen su labor en las oficinas de la adjudicataria es que trabajarán «con documentos oficiales que tienen un carácter confidencial». Personal no funcionario tendrá acceso a información sensible.


No menos de 33.000 euros
Las características de los empleados que la empresa adjudicataria deberá ceder a la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación están muy definidas. La Junta exige que los cinco trabajadores sean licenciados en derecho, económicas, administración de empresas o asimiladas y con experiencia mínima de un año en tareas similares. Menciona incluso hasta la remuneración que deben percibir: no menos de 33.000 euros brutos anuales por 1.700 horas de asistencia al año. Los trabajos que realicen serán propiedad de la Junta y suscribirán un contrato de confidencialidad.