Faisán desplumado

El panorama judicial del caso del chivatazo a ETA se despejó para el Gobierno de forma inesperada. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decidió ayer no citar a declarar al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, porque su testimonio en la causa «no es determinante» para el esclarecimiento de los hechos. Hay que recordar que el pasado martes el magistrado ordenó identificar a los usuarios de tres teléfonos pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior, que desde la noche anterior a la delación (que se habría producido el 4 de mayo de 2006) hasta septiembre de ese año, intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, imputados en la causa. Uno de esos teléfonos era de Antonio Camacho.

A la vista de un «informe ampliatorio» de la Policía sobre el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar Faisán de Irún, Pablo Ruz denegó la solicitud de la acusación popular de Dignidad y Justicia de que se citara a prestar testimonio a los titulares de las líneas, entre ellos Camacho. Justificó su decisión en «la irrelevancia» del número de contactos que achacó a «una relación orgánica y funcional» entre los interlocutores. Para el juez, hay, por tanto, llamadas sospechosas y otras que no lo son, por mucho que todas se produjeran en un mismo contexto y por personas de un círculo muy estrecho.

Es sorprendente que el magistrado concluyera en tan sólo dos días y sin declaraciones de por medio que el testimonio del número dos de Interior no era «determinante», en un caso en el que están imputados varios subordinados. El juez tendrá sus razones, pero lo cierto es que rompe súbitamente con la línea de investigación mantenida.

El magistrado parece apuntar en realidad a que el chivatazo a ETA, que frustró la operación policial contra la red de extorsión en pleno proceso de negociación entre el Gobierno y la banda, se fraguó entre un estrecho grupo de mandos policiales sin responsabilidad alguna del Ministerio del Interior, más allá de la que pudiera afectar al ex director general de la Policía. El propio Pérez Rubalcaba apuntaló ayer esta hipótesis al eludir en dos ocasiones poner «la mano en el fuego» por que ningún subordinado estuviese implicado, si bien no dudó en defender la «honorabilidad» de su número dos.

El chivatazo es un episodio de una extraordinaria gravedad. Como hemos defendido, la investigación debe llegar hasta el final, caiga quien caiga. No se pueden admitir medias verdades ni cierres en falso. O hipótesis poco convincentes sobre funcionarios que actúan por libre sin respetar la dependencia jerárquica.

La Justicia y la democracia deben ser ejemplares, más aún en la lucha contra ETA. Tanto como las víctimas que hoy saldrán a la calle en Madrid para pedir la derrota de la banda y rechazar un final dialogado. Lo hacen porque ven síntomas inquietantes parecidos a los del proceso que acabó en la T-4: el Faisán, excarcelaciones de terroristas, traslados penitenciarios, guiños a Batasuna, tregua trampa, creación del nuevo partido proetarra... Creen que algo no funciona y su inquietud no puede ser ignorada.