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La Agencia de Puertos de la Junta derribó edificaciones al afirmar que era terreno público

La Audiencia Nacional anula un deslinde ilegal del Gobierno socialista

  • La Audiencia Nacional anula un deslinde ilegal del Gobierno socialista

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17 de junio de 2012. 23:21h

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18/6/2012

Sevilla- La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado una orden del Ministerio de Medio Ambiente de 11 de enero de 2010 que aprobaba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de un tramo de la costa correspondiente a la margen derecha del río Piedras, en el área de El Terrón, en el término municipal de Lepe (Huelva). De hecho, ha declarado la resolución «disconforme con el ordenamiento jurídico».

Se trata de unos 1.451 metros de litoral que han provocado años de pleitos. ¿Los demandantes?: José Antonio Oria e Inversiones y Promociones Capital Siglo XXI SL. ¿Los demandados en este caso?: el extinto Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, dependiente ahora de la Consejería de Presidencia de la Junta, que dirige Susana Díaz.

El contenido objeto en parte de este fallo se remonta a noviembre de 2007. Entonces, operarios de la antigua Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) y efectivos de la Policía Nacional se personaron en una finca ubicada en la mencionada área de las Marismas de Orihuela, dispuestos a demoler las edificaciones existentes «sin orden judicial», según denunció a LA RAZÓN su dueño, José Antonio Oria.

La parcela estaba inscrita en el Registro de la Propiedad de Ayamonte, pero la EPPA justificó en esencia su actuación en que los terrenos pertenecen al dominio público que le fue transferido por el Estado. Según alegaron, el Ejecutivo central estaba revisando el deslinde que se llevó a cabo en los años sesenta, al haber «cambiado mucho» las condiciones geomorfológicas del terreno costero.

Derribaron una vivienda y varias oficinas antes de que un juzgado de Primera Instancia de Huelva ordenara la paralización de las «irregulares» obras, como medida cautelar, y planteara ya dudas acerca de la porción de la finca «afectada por los deslindes del espacio público». Aquella acción provocó además, entre otras consecuencias, que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huelva abriera acta de infracción a la Junta y a dos empresas, a cuenta del amianto, elemento cancerígeno, que contenían las construcciones demolidas.

Muchas de las aristas que provocó este asunto continúan inmersas en la maquinaria judicial. Si bien, la Audiencia Nacional ha dejado claro ahora, en sentencia firme, que se modificó el deslinde de los casi 1.500 metros «sin trámite procedimental alguno y sin audiencia de las partes». En el fallo, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, consta que, realizado el proyecto de deslinde en cuestión, «y una vez llevada a cabo la íntegra tramitación» del procedimiento protocolario, «se introdujeron modificaciones sustanciales en el mismo», dado que se varió «la línea de ribera del mar correspondiente al plano número dos (vértices L-24 a L-35), sin dar lugar a un nuevo trámite de audiencia ni a un nuevo periodo de información pública». Es decir, las administraciones incumplieron la legalidad. Esta alteración de la línea de ribera, según la mencionada Sala de lo Contencioso-Administrativo, no se basó «en documentación o informe técnico alguno, sino en la ‘revisión general del expediente', a la que alude imprecisamente la Orden Ministerial recurrida». Texto gubernamental en el que se sostiene que se modificó el margen del mar y se trazó «por el límite interior de los terrenos alcanzados por las mayores pleamares». Extremo que se reflejó en el plano número dos, fechado en diciembre de 2009.
Oria ha mantenido siempre que se le expolió y se violaron sus derechos «como ciudadano». Ahora la Audiencia Nacional reconoce que ha existido una «quiebra de los principios de contradicción y defensa» que le ha afectado a él como, según avisa Oria, «podía haberle tocado a cualquier andaluz». En el camino: recursos públicos gastados para nada.
 

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