No gobiernan pero sí cobran

MADRID- Hace ya más de un mes y medio, el pasado 3 de noviembre, el Gobierno municipal de Parla, integrado por socialistas y concejales de Izquierda Unida, saltó por los aires. El alcalde, José María Fraile, sucesor de Tomás Gómez en el cargo, perdía el apoyo de IU y se quedaba en una precaria soledad parlamentaria para poder sacar adelante su proyecto para la localidad. La asfixiante deuda que soportan las arcas públicas y el despido de más de 100 trabajadores municipales terminaron por desencadenar un divorcio que parecía amenazar la Legislatura al poco de echar a andar.

Sin embargo, ni el paso del tiempo ni la evidente ruptura entre ambas formaciones ha significado que los concejales de Izquierda Unida hayan perdido los privilegios propios de estar en el gobierno junto a Fraile. De hecho, los cuatro concejales de la coalición de izquierda siguen a día de hoy percibiendo el mismo salario que entonces. Tal y como ha podido confirmar LA RAZÓN con fuentes del Ayuntamiento parleño, ninguno de ellos ha renunciado a los 2.400 euros netos al mes que reciben aquellos concejales que forman parte del Ejecutivo municipal por estar liberados con el fin de que puedan dedicarse así íntegramente a su labor municipal.

Privilegios de la alcaldía
En el Consitorio de Parla sólo pueden estar liberados de forma completa los grupos políticos que sustentan al alcalde y forman parte de su equipo. El grupo municipal de Izquierda Unida, sin embargo, sigue estando liberado en su totalidad pese a que ahora forma parte de la oposición junto al Partido Popular y a UPyD. Precisamente entre estos dos grupos, sólo cuatro de los once concejales populares y el único de UPyD están liberados. Si Izquierda Unida se aplicara el mismo rasero que el PP, dos de sus cuatro concejales deberían dejar de percibir su asignación como liberados.

La situación de los concejales de Izquierda Unida contrasta con la que viven los siete concejales del PP que no están liberados. Éstos sólo han percibido una mensualidad desde la celebración de los comicios municipales el pasado mes de mayo. Frente a los 2.400 euros que percibe un edil liberado, los que no lo están tienen una asignación de 510 euros netos al mes.

Durante su breve etapa como socio de Fraile, Izquierda Unida tenía asignado un presupuesto total para sueldos de 372.000 euros. Es la suma de los salarios de los cuatro concejales liberados, con 42.000 euros al año, los seis cargos de confianza que tenían, con una asignación de 30.000 euros, y el secretario del grupo, que cobra 24.000 euros. Su paso a la oposición implicaría que su presupuesto pasaría a ser de 122.000 euros. Una reducción que, al menos en lo que a los cuatro concejales se refiere, no se ha cumplido.

Este hecho, unido a la negativa de los miembros de Izquierda Unida a presentar una moción de censura contra Fraile, no hace sino acentuar aún más la sensación entre los vecinos de Parla de que la ruptura con los socialistas es más estratégica que real: un gesto de cara a la galería para calmar a los votantes de Izquierda Unida tras el ERE que dejó en la calle a más de un centenar de trabajadores del municipio.

Cargos de confianza
A esta situación se une la rapidez con la que Izquierda Unida ha conseguido recolocar en el engranaje de gobierno de Fraile a sus cargos de confianza. La ruptura entre ambas formaciones provocó que aquellos que habían sido designados por IU para asesorar a las distintas concejalías tras la firma del pacto de Gobierno fueran cesados en el pleno del 8 de noviembre.

Es el caso de Avelino Pérez, que concurrió en las pasadas municipales en las listas de Izquierda Unida en el municipio de Fuenlabrada, localidad en la que ya ocupó un cargo de confianza como vicepresidente del Consejo de Barrio Centro. No consiguió en las urnas el acta de concejal, pero fue contratado por el Ayuntamiento de Parla para asesorar la Concejalía de Sostenibilidad, Obras y Mantenimiento de Edificios Públicos. Tras la salida de Izquierda Unida del Gobierno, fue cesado, pero en el pleno municipal posterior el alcalde Fraile le volvió a contratar al miembro de IU como cargo de confianza en la misma concejalía. De esta forma, podrá seguir percibiendo los 30.000 euros de salario que recibía en su anterior responsabilidad.

La ruptura ficticia hace dos meses
Antonio Sánchez Santos, Carolina Cordero, Eugenio Santos Lozano y Carmen Galán Huélamo son los cuatro concejales de Izquierda Unida que el pasado mes de noviembre decidieron abandonar el equipo de Fraile. La decisión dividió al grupo: Sánchez y Cordero tenían claro que IU no podían tolerar los despidos municipales aprobados por los socialistas, mientras que Santos y Galán se mostraron entonces más preocupados por lo que podía representar para la coalición abandonar un gobierno del que se habían visto desplazados durante los últimos ocho años por las mayorías absolutas del PSM. Una vez consumada la fractura, no parece que estos cuatro concejales vayan, sin embargo, a llevar la contraria a Fraile.
De hecho, en la práctica totalidad de las votaciones que se han producido desde noviembre, tanto en pleno como en las distintas comisiones, los integrantes del grupo de Izquierda Unida han votado de la mano de los socialistas. Únicamente se unió IU a PP y UPyD en la moción en la que los tres grupos exigían al alcalde readmitir a los concejales despedidos. Por si esto fuera poco, el pasado 27 de diciembre –durante un pleno extraordinario–, el portavoz de IU, Antonio Santos reconoció durante una pregunta del portavoz del PP, Miguel Ángel López, que tanto él como sus tres compañeros continúan cobrando 42.000 euros netos al año a pesar de haber salido del Gobierno de la localidad y contar con menos de la mitad de ediles que el principal partido de la oposición.