«Se han llevado hasta las tizas»

El que iba a ser un día más en el Santa Illa School terminó convertido en una pesadilla para los padres, profesores y alumnos de este colegio privado de Chamartín. Los niños estaban en mitad de sus clases cuando un grupo de operarios comenzó a retirar los pupitres, las sillas y las pizarras de sus aulas. El miércoles por la tarde, el fax del centro escolar había recibido la notificación de que el embargo dictado por la Justicia en diciembre se llevaría a cabo en las próximas horas. Sin embargo, los responsables del colegio no pensaron en ningún momento que éste se efectuaría en horario lectivo. En el origen del conflicto, los 990.000 euros que sus propietarios adeudan a la Seguridad Social.La centralita del colegio fue uno de los primeros objetos que los operarios introdujeron en el camión del embargo. Esto obligó a los profesores a avisar a los padres con sus propios móviles. Mientras, los alumnos asistían con incredulidad a lo que sucedía en el patio, las clases y los pasillos. A los pequeños, sus maestros trataron de convencerles de que todo era parte de un juego. A los alumnos de secundaria y de bachillerato, nada ni nadie podía engañarles.Tras un día de infarto, los padres asistieron por la tarde a una reunión con los responsables del Santa Illa. De este encuentro, salieron con una mezcla de indignación, por el «atropello» del que sus hijos habían sido víctimas, y de absoluto compromiso con la plantilla docente y la dirección de un colegio que consideran ejemplar. «Han cometido una animalada contra niños indefensos. Que una empresa privada tenga una deuda con la Seguridad Social es el pan nuestro de cada día, pero que entren a saco en el colegio de tus hijos, que les interrumpan las clases y que les quiten los pupitres es algo que creíamos que en España no podía ocurrir», aseguraba una de las madres.La cocina y el gimnasioPoco antes del mediodía, en algunas aulas, los chicos se vieron obligados a amontonar sus libros y su material escolar en una esquina de la clase porque ya no tenían mesas ni sillas. También embargaron la cocina, los aparatos del gimnasio y, como subrayan irónicamente, los padres, «hasta las tizas y los borradores». John, el profesor de inglés al que muchos padres consideran el «alma del Santa Illa», vio desde el patio un espectáculo que no duda en calificar de «indignante». Lola, una de las madres, hacía hincapié en que se han vulnerado los derechos de toda la comunidad educativa: «El problema es que se han llevado mis datos bancarios, los datos de mi hijo, las fotografías de mi hija, los informes psicológicos. Pero qué tipo de juez autoriza esto. Se han llevado ordenadores completos, han arrancado los cables». Diana, otra de las madres, cree que lo ocurrido constituye un episodio de maltrato a los menores: «Lo que no entiendo es cómo un juez ha permitido una entrada sin haber tenido en cuenta que había menores y que todo esto se iba a hacer en presencia de los niños». El episodio, según los padres, alcanzó su punto más sonrojante cuando los operarios que llevaron a cabo el embargo se rieron de los alumnos en su cara: «Les han llamado pijos, niños de papá y les han dicho que ahora iban a saber lo que es un colegio público». Un extremo que ha terminado de motivar a las familias para, según aseguraron a la salida de la reunión, querellarse contra el juez y la funcionaria judicial que han dado luz verde al embargo. «Con independencia de que yo, con más esfuerzo o menos esfuerzo, pague un plus por que mi hijo venga a este colegio. Porque desde luego yo no soy rica. Ni mi hija es una pija. Estamos hablando de niños y de padres trabajadores que estamos haciendo mucho esfuerzo para pagar este colegio que, además, creemos que tiene una enseñanza magnífica y nuestros hijos están encantados y queremos que siga siendo así», recordaba Lola.La mayor inquietud de los padres radica en cómo pueden afectar este «lamentable episodio» a los alumnos de Segundo de Bachillerato, ya que, en apenas unos meses, deben afrontar el examen de Selectividad y en quince días una prueba de Cambridge. El embargo, no obstante, no ha hecho mella en unos padres que tienen claro que quieren que sus hijos estudien en el Santa Illa. «Aunque sea con los muebles de mi cocina, el lunes mis hijos vendrán al colegio».

El Santa Illa terminará el curso
A pesar del expolio de mobiliario y material de su colegio, los alumnos del Santa Illa no van a perder el curso. Tras conocer la noticia de su embargo, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y la consejera de Educación madrileña, Lucía Figar, decidieron permitir, a pesar de todo, que el centro siga abierto lo que resta de curso, aseguró un portavoz de la oficina de Figar. Ayer mismo responsables de Educación se reunieron con los padres de los alumnos afectados para ofrecer su colaboración y plazas en colegios de la zona dependientes de la Consejería que les puedan interesar aunque de momento han preferido rehusar esta opción. Mientras, el asunto del embargo se resolverá por la vía judicial por lo que la Comunidad no se plantea por el momento otra actuación al margen de garantizar la escolarización de los estudiantes afectados.

Más de medio siglo de educación bilingüe
El Santa Illa School abrió sus puertas en 1959. Ofrece a los alumnos una educación bilingüe en inglés, por un precio básico de alrededor de 400 euros, en el que no están incluidas las asignaturas extraescolares ni el comedor. Los padres subrayan que los niños proceden en su práctica totalidad de familias de clase media: «No somos millonarios, ni pijos, ni nada. Tenemos que hacer un esfuerzo todos los meses porque queremos que nuestros hijos reciban una formación que es extraordinaria». En sus aulas, una por nivel, estudian 160 alumnos desde los tres a los 17 años. Ayer, a las once y media de la mañana, cuando los padres se veían obligados a recoger a sus hijos por el embargo, el colegio era testigo del día más triste en una trayectoria que todos los padres califican de intachable. «Nosotros no queremos cambiar a nuestros hijos». El director académico del colegio, Manuel Diaz, quiso destacar el apoyo de los padres. «Vamos a intentar superar esta situación. Estamos en desacuerdo con la Administración porque su intervención no ha sido admisible».

LA LUPA
De la clase al camión
Los alumnos asistieron perplejos al embargo de sus mesas, pizarras y sillas. Los operarios cargaron todo el material en los camiones, mientras los profesores buscaban la forma de que los más pequeños no comprendiesen la gravedad de los hechos. Algunos niños no pudieron evitar las lágrimas. Otros se despidieron de sus amigos por si no volvían
a verse el lunes.