El convenio que dio origen del «fondo de reptiles» se aprobó al margen de la ley

Sevilla- Sin informes previos del gabinete jurídico ni de la secretaría general técnica de la Consejería de Empleo. La Junta de Andalucía admite que el convenio marco con el ente instrumental IFA que permitió pagar prejubilaciones y ayudas directas a empresas se gestó al margen del procedimiento legal establecido. Lo reconoce como respuesta a una petición de documentación del PP para preparar la comisión de investigación de los ERE fraudulentos que se celebrará a finales de mes en el Parlamento.

El PP solicitó a los actuales responsables de Empleo que le trasladara los informes preceptivos del Gabinete Jurídico que avalaban la firma del convenio marco suscrito con la empresa pública IFA y que permitieron pagar las ayudas sorteando los estrictos controles de la Intervención. Empleo enviaba los fondos como transferencias de financiación –destinadas a sufragar los gastos de funcionamiento de la sociedad pública– pero luego ordenaba el pago de cantidades a empresas y prejubilados de manera arbitraria. El IFA –luego Agencia IDEA– funcionaba como «caja pagadora» y el rastro del dinero no se fiscalizaba ni previa ni posteriormente. La Consejería de Economía, Innovación y Empleo reconoce en su contestación que «no hay constancia de la existencia de informes del Gabinete Jurídico ni del secretario general técnico sobre el procedimiento seguido para el registro y aplicación de los fondos percibidos por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía –ahora Agencia IDEA– mediante transferencia de financiación para empresas en crisis y ayudas sociolaborales de las aplicaciones presupuestarias de los dos programas antes mencionados –22E y 31L– durante los periodos 2001-2010».

Según la denuncia que hizo pública ayer la vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, «no hay documentación sobre la tramitación del convenio marco de 17 julio de 2001». Éste era el paraguas general que supuestamente «avalaba» la firma de acuerdos específicos y que permitían librar las cantidades sin publicidad –no fueron publicadas en el BOJA– y de manera discrecional –sólo se otorgaban a quienes los responsables políticos decidían–.

En el auto de prisión contra el ex consejero Antonio Fernández, la juez que instruye el caso ya señaló que «beberá ser objeto de investigación si en el asesoramiento (...) hubiesen prevalecido los criterios políticos sobre los jurídicos». De la respuesta ofrecida al PP para preparar las comparecencias en la comisión parlamentaria se deduce que el Gobierno andaluz tiene claro que fueron las directrices políticas las que se impusieron a las jurídicas.