EDITORIAL / No estamos para huelgas

Los sindicatos eligieron el día de ayer para calibrar el clima ciudadano de cara a una huelga general y para verificar su dudosa capacidad de movilización. El paro en la función pública, convocado por las centrales sindicales, se convirtió en una contundente censura a UGT y CC OO, que pudieron comprobar el abismo que los separa del auténtico sentir de esos 2,5 millones de funcionarios públicos que estaban llamados a la huelga. Pese a la inevitable guerra de cifras, durante la jornada fue un clamor que el seguimiento de la convocatoria resultó residual, casi inexistente si descontamos a los liberados y los afiliados a las centrales. Según el recuento del Gobierno, sólo el 11,8% del colectivo afectado no acudió a su trabajo, aunque otras estimaciones lo redujeron al 5%. En todo caso, porcentaje esclarecedor sobre las intenciones del grupo más perjudicado por el plan de ajuste. Este primer ensayo demostró que no existe un clima de huelga general, porque la sociedad siente que no es lo que precisa España en momentos tan críticos. La pobre respuesta al paro no puede ser, sin embargo, interpretada como una suerte de comprensivo aval para el Gobierno, ni mucho menos. Los funcionarios están irritados y sienten con toda la razón que están pagando las consecuencias de la incompetencia de los gobernantes socialistas. Pero convertir esa indignación en conflictividad social sólo empeoraría una situación de por sí muy delicada. UGT y CC OO, con sus respectivos líderes Méndez y Toxo, han salido muy tocados de este test. No es para menos. Si su poder de convocatoria fue ayer muy exiguo es porque su complacencia hacia el Gobierno durante estos seis años ha minado la confianza de los trabajadores. Quienes han mirado para otro lado cuando la economía española se desfondaba y quienes se hacían cómplices entusiastas de una política que ha llevado el paro a cotas históricas no podían esperar ayer una movilización masiva. Ejemplo de ese seguidismo que han practicado con el Gobierno socialista es la noticia que publica hoy LA RAZÓN, según la cual Méndez y Zapatero habrían pactado que la huelga general fuera convocada una vez concluida la Presidencia española de la UE y llevada a cabo en septiembre. Queda claro, por tanto, que las prioridades de los sindicalistas no han sido los intereses de los trabajadores, sino las marcadas por la estrategia del Gobierno. En ese contexto, nada más lógico que su prestigio, credibilidad y razón de ser estén más cuestionados que nunca por los propios trabajadores. Aunque hay razones para ser escépticos sobre la capacidad de autocrítica de esta cúpula sindical que se comporta como una casta privilegiada y subvencionada, sus afiliados harían bien en exigir responsabilidades a sus dirigentes y en propiciar la transición y modernización pendientes hacia un liderazgo sin injerencias partidistas. El 8-J, primer paro general contra Zapatero, ha probado que el país no cree en huelgas generales ni las necesita. Lo que pide es un cambio político que genere la confianza imprescindible dentro y fuera de nuestras fronteras y que sea capaz de impulsar las reformas estructurales necesarias para reactivar la economía.