La buena gobernanza por Manuel Villoria

¿Se imaginan que todos los países ocultaran sus datos de inflación, déficit y deuda pública? Es obvio que los daños a la economía mundial serían terribles. Los datos económicos sobre el funcionamiento de la economía, proporcionados por los estados, ayudan a los mercados a funcionar mejor. Gracias a ellos, los inversores, productores y consumidores pueden tomar decisiones más eficientes. Por suerte, en este ámbito de la transparencia macroeconómica ha habido progresos enormes en los últimos cien años, por eso la economía mundial ha sido más competitiva.

Pero la transparencia no es sólo importante para la economía, también es fundamental en la vida política. Es positiva para el crecimiento económico: hay una correlación muy alta entre transparencia pública y mayor ingreso per cápita. También es fundamental para luchar contra la corrupción. Mejora la elaboración de políticas públicas y su reforma. Fortalece la coordinación intergubernamental. Incentiva la eficacia y la eficiencia de los organismos públicos. Y es, en suma, un factor clave para la buena gobernanza.

Que un gobierno decida elaborar una ley de transparencia, que se comprometa a dar acceso a la información pública y que promocione valores de integridad en el servicio público tiene que ser bienvenido por todas las personas que quieren que la democracia sea coherente con los valores que la sostienen. El borrador de proyecto de ley que el Gobierno va a poner el lunes a disposición de la ciudadanía, para que esta lo analice y proponga mejoras, es uno de los hitos normativos más importantes en el avance hacia una democracia de calidad en nuestra historia.

El proyecto consta de dos títulos, uno de transparencia y otro de buen gobierno. El título de transparencia tiene dos partes; una dedicada a la publicidad activa, por virtud de la cual las administraciones se comprometen a dar información institucional, jurídica y económica básica a través de un gran portal de transparencia; la otra, dedicada a regular el Derecho de acceso a la información pública, un derecho que nos permitirá demandar información a los gobiernos sin necesidad de justificar la causa. Hasta ahora, la publicidad activa no era exigida legalmente y el derecho de acceso tenía muchas limitaciones, sobre todo, cuando una persona no tenía un interés directo y personal en el asunto del que demandaba información. El título de buen gobierno es novedoso sobre todo por el régimen sancionador que establece para los altos cargos de la Administración General del Estado. A partir de ahora, existe todo un conjunto de faltas administrativas muy detallado que define las líneas rojas que los altos cargos no deben traspasar, también se definen de forma integrada las infracciones de naturaleza económico-presupuestaria. Todas estas infracciones y faltas darán lugar a una serie de sanciones a través de un procedimiento administrativo disciplinario.

En suma, estamos ante un proyecto bastante completo, que incorpora algunas modificaciones normativas anexas y que da respuesta a una de las demandas que expertos, primero, y la sociedad civil, después, venían haciendo a los gobiernos españoles desde hace ya más de diez años. Dicho esto, es importante destacar que la clave, a partir del momento en que se apruebe el proyecto, estará en que en las Cortes no se empeore o deteriore seriamente el texto y que, más aún, se mejore. Y, sobre todo, que una vez aprobado como ley, se implemente .

Aquí, en la implementación, es donde surgen varios y destacables retos. En primer lugar, esta ley cuesta dinero, hay que considerar el presupuesto que exigirá su eficaz implantación. También, es importante considerar la mejora de los procesos de registro y archivo para que el derecho de acceso pueda realizarse. Si los documentos se pierden, difícil será entregarlos. Finalmente, hay que tratar muy seriamente el problema de los incumplimientos de la ley. Si cuando una administración incumple, el ciudadano tiene que gastar tiempo y energías en acudir a los tribunales, éstos tienen que dedicar tiempo y dinero público a resolver el caso, y ningún responsable político es seriamente sancionado por ello, estaremos generando los incentivos para que la ley fracase. Como la ley no se merece este final y los españoles tampoco, asegurar la eficaz ejecución de la ley va a ser la piedra de toque para medir su valor, a partir de su aprobación definitiva.

Manuel Villoria
Catedrático de Ciencia Política