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Morín se sienta en el banquillo por practicar más de 100 abortos ilegales

El propietario de cuatro clínicas de Barcelona se enfrenta a la petición de 345 años de prisión por interrupciones del embarazo de hasta 32 semanas n Están imputadas otras once personas

  • En la imagen, el doctor Carlos Morín junto a su esposa, María Virtudes Sánchez, también imputada
    En la imagen, el doctor Carlos Morín junto a su esposa, María Virtudes Sánchez, también imputada

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12 de septiembre de 2012. 00:23h

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12/9/2012

BARCELONA- El viernes,  el doctor Carlos Guillermo Morín Gamarra se sentará en el banquillo de los acusados. Se le imputan 115 delitos de aborto –algunos de ellos practicados en la semana 32 de embarazo–, y también de los delitos de intrusismo profesional, falsedad documental y asociación ilícita. Por todo ello, se enfrenta a una petición de 345 años de cárcel. El juicio se prolongará durante 32 días y contará con la declaración de hasta 117 testigos.
A Morín le acompañarán 11 imputados más que formaban parte de su equipo médico, entre ellos su mujer y enfermera, María Luisa Duran, y su mano derecha, María Virtudes Sánchez, que también ejercía como enfermera.

El caso Morín se remonta al año 2006, cuando la televisión danesa emitió en el espacio «Magasinet Sondag», un reportaje con cámara oculta sobre las prácticas abortivas en sus clínicas –TBC, Ginemedex, Emece, Barnamedic– situadas en la parte alta de Barcelona. La emisión daba cuenta de la facilidad para interrumpir un embarazo en estos centros incumpliendo todos los requisitos legales: plazos, justificaciones sanitarias, registro de las pacientes, condiciones higiénicas, y un largo etcétera.

Sin embargo, ya en 2004, el diario británico «Sunday Telegraph» desvelaba la impunidad con que se realizaban abortos ilegales en España y, concretamente, en los centros de Morín. Se interpusieron varias denuncias ante los juzgados barceloneses, tanto en 2004 como en 2006,aunque no fue hasta que la entidad E-cristians presentó un testigo clave en 2007 cuando la Justicia decidió investigar qué estaba ocurriendo entre los muros de las clínicas de Carlos Guillermo Morín.

Las pesquisas policiales corroboraron supuestamente lo que el testimonio,cuyo anonimato quiso preservar para no sufrir represalias, había declarado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, la magistrada encargada del caso Elisabet Castelló.

Sí, en las clínicas del doctor Morín se realizaban abortos totalmente ilegales. Las interrupciones del embarazo se realizaban habiendo superado los plazos establecidos por ley. A ello se le sumaba las mujeres no eran visitadas por psiquiatras que determinaran que su salud corría un grave peligro de proseguir con la gestión. El personal que atendía a las pacientes carecía de la titulación necesaria. De hecho, el propio doctor Morín aún siendo médico no está especializado en ginecología. Tampoco se llevaba un registro minucioso de los casos, ni de la cirugías practicadas, además de no cumplirse las condiciones higiénicas exigidas por ley. Escuchas telefónicas, documentación incautada en los centros, testimonios, entre otras pruebas servirán ahora para determinar sí efectivamente Morín y su equipo de trabajo cometieron los delitos que se les imputa.

Para la asociación E-cristians, que ejercerá de acusación junto a la Asociación Alternativa Española, el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y la Asociación Jurídica Tomás Moro, este proceso «constituye un juicio histórico ya que hasta ahora está claro que la justicia española ha rechazo siempre y de manera sistemática entrar a indagar las denuncias de casos sobre el aborto ilegal», según aseguró Juan Francisco Jiménez Jacinto, portavoz de la citada entidad.

La juez absuelve a las clientas del médico
La juez instructora del caso de los abortos ilegales del doctor Carlos Morín absolvió a las 21 mujeres que habían podido ser identificadas como pacientes de las clínicas abortistas e interrogadas por la Guardia Civil. La magistrada consideró, con su decisión, que todas sufrieron un «error invencible» sobre la comisión del delito. Esto significa que, en el momento de interrumpir su embarazo, las mujeres desconocían que estaban realizando algo ilegal y penado. De esta manera, las clientas de Morín no tendrán que afrontar como procesadas el juicio por este caso, que comienza este viernes.

 

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