El Gobierno estudia mañana los ejes de la Ley de Estabilidad

Madrid- Según la agenda de la Comisión de Subsecretarios, que ayer celebró su segunda reunión, el Consejo de Ministros de mañana analizará un informe del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, sobre la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria. Con este primer paso el Gobierno pondrá en marcha oficialmente un proyecto que sólo con su música ya ha levantado bravas suspicacias entre los nacionalistas. Cataluña se ha colocado a la cabeza de la rebelión preventiva contra la norma que establecerá techos de gasto y de endeudamiento, así como sanciones económicas contra las comunidades que incumplan las condiciones establecidas en ella. Pero el Ejecutivo también cuenta con que tampoco las comunidades socialistas colaborarán. Y de ahí la importancia del cónclave que Montoro presidió ayer en Génova con los consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP para preparar el terreno del delicado Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que está convocado para el martes, y en el que ya tendrá que lidiar el toro de las nuevas políticas de ajuste del gasto público y de contención del déficit con todas las regiones. Antes, este jueves, trasladará el contenido de la reunión de ayer a las comunidades que no son del PP.

A este Consejo de Política Fiscal y Financiera el Gobierno no llegará con la hoja en blanco, sino con las directrices marcadas en el informe que analizará el viernes el Consejo de Ministros. Ayer Gobierno y comunidades del PP también debatieron sobre esta ley que Rajoy quiere que esté lista en el plazo de un mes.

Uno de los apartados más delicados de la negociación es el régimen de sanciones y las limitaciones presupuestarias que se establezcan para los gobiernos autonómicos. Montoro quiere que el Estado pueda congelar o incluso reducir las aportaciones que realiza a las autonomías que no cumplan los objetivos de déficit público, en la línea de las medidas previstas en el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, como ayer adelantó este diario. Y hasta entre sus comunidades estas sanciones levantan sus recelos, aunque se disimulen todo lo posible.

Otro frente espinoso es el del gasto social. «A las comunidades se les va a reducir al mínimo la paga, pero al mismo tiempo se las está exigiendo que sigan vistiendo con sus mejores galas sus servicios sociales», sentencia un miembro del equipo económico del Gobierno. Es decir, que se les pide mayor corresponsabilidad en el gasto, pero ellas, a su vez, demandan que eso afecte también al grueso del gasto social que cargan en sus presupuestos.

Esto supone colocar también en la mesa de negociación el futuro de las prestaciones en Educación, Sanidad o Dependencia, problema que ayer salió a relucir, lógicamente, en la reunión a puerta cerrada que se celebró en Génova. Las feudos del PP aceptan los ajustes y la poda en el sector público, pero también consideran imprescindible que les llegue financiación para mantener la calidad de sus servicios públicos, y que el Gobierno lidere los grandes acuerdos nacionales que racionalicen las prestaciones y garanticen su mantenimiento.

Montoro presentó ayer a sus consejeros autonómicos de Hacienda un plan conjunto de ahorro, que incluye la poda en organismos empresariales públicos. El ministro ha anticipado el cierre de unos 450 en tan solo unos pocos meses.

Dentro de este plan de reducción de organismos públicos, el ministro de Hacienda negó ayer que el Gobierno contemple retomar la privatización de Loterías, proceso contra el que el PP se opuso contundentemente cuando estaba en la oposición. Aunque sí dejó la puerta abierta a que pueda volver a estudiarse en el futuro la de AENA, porque es un «caso distinto» en términos de impacto financiero.

Sobre los Presupuestos para 2012, el Ejecutivo confirmó que no los presentará antes de las elecciones andaluzas, que se celebrarán el 25 de marzo. Aunque antes de esa fecha habrán avanzando «muchos» de los ajustes que incluirán, precisaron fuentes oficiales para poner sordina a la sospecha de que esperarán hasta las elecciones para concretar más impopulares recortes.

Por otra parte, en principio, de acuerdo con lo hablado ayer en la Comisión de Subsecretarios, el Consejo de Ministros de mañana será también básicamente deliberativo, sin que en la agenda entre todavía ninguna de las grandes reformas estructurales que Rajoy ha anunciado para este primer trimestre del año. Ahora bien, «están al caer», según sentencian en Moncloa, ya que hay un mes de plazo para culminar la reforma del sistema financiero y ya hay conversaciones bajo cuerda para conseguir capital privado en el nuevo proyecto de fusiones. Y porque el Ejecutivo tampoco ha concedido una prórroga a la negociación de los agentes sociales sobre la reforma laboral, por lo que, si no hay acuerdo, legislará de inmediato.

La UE no supervisará la financiación autonómica
El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, respondió al Gobierno catalán descartando su pretensión de que la supervisión de los presupuestos autonómicos pueda depender directamente de la Unión Europea. «Los Estados miembros son los únicos responsables frente a las instituciones de la Unión del incumplimiento de las obligaciones que resultan del derecho de la Unión», aclaró Margallo antes de recordar que la jurisprudencia es «meridiana-mente clara» al respecto.

Montoro: «Respeto a la autonomía económica»
La reunión que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mantuvo ayer con las comunidades autónomas del PP se saldó con un escueto comunicado oficial en el que destaca el gesto del Ministerio implicado en la negociación de garantizar «el pleno respeto del PP a la autonomía económica, política y financiera de las comunidades desde el convencimiento de que un Estado descentralizado no tiene por qué ser despilfarrador y generador de déficit».