Sindicatos patronal y oposición italianos en pie de guerra

El Gobierno italiano aprobó el viernes un nuevo plan de ajuste presupuestario de 45.500 millones de euros con el que pretende alcanzar el equilibrio presupuestario en 2013 y calmar la inquietud de los mercados sobre la situación que atraviesan las finanzas públicas del país.

La líder del sindicato mayoritario CGIL, Sussana Camusso aseguró hoy en una entrevista al diario "La Repubblica"que "una vez más son golpeados los más débiles, que son los que pagan los impuestos".

La secretaria general del CGIL anunció una huelga general contra las "medidas injustas"que será decidida el próximo 23 agosto junto a los sindicatos Cisl y Uil.

Para el exmagistrado de Manos Limpias y líder de Italia de los Valores (IDV), Antonio Di Pietro el plan de austeridad es en parte positivo porque contiene medidas como la reducción de las provincias ya presentada por su partido, aunque IDV abogó por su completa abolición, en declaraciones al diario digital "Il Tempo"

Sin embargo, arremetió contra los costes de la política.

En ese sentido, "el decreto es verdaderamente deprimente y faltan intervenciones en el frente de la evasión fiscal, del que no se habla ni una línea".

Para Di Pietro, "está bien"reducir el sueldo de los diputados y de los senadores", pero a su juicio también habría que hablar del sueldo de los vitalicios y de la necesidad de recortar el número de parlamentarios.

"Si hacía falta dinero -prosiguió- se podría hacer pagar la contribución de solidaridad", que grava con un 5 por ciento los salarios que superen los 90.000 euros al año, y con un 10 por ciento a los que excedan los 150.000, "a los que han traído dinero a Italia gracias al escudo fiscal".

También, el secretario nacional del Partido Democrático (PD), Pier Luigi Bersani, dijo a la televisión privada italiana La7 que el plan de ajuste económico es "depresivo, poco creíble e injusto, por lo que debe cambiarse".

"Una vez examinado el decreto ley, nos dirigiremos a las fuerzas sociales y a los partidos de oposición para abrir un diálogo destinado a preparar una propuesta alternativa".

Por su parte, la presidenta de Cofindustria, la patronal italiana, Emma Marcegaglia, hizo un llamamiento al Gobierno y a la oposición para "aprovechar el trámite parlamentario (del decreto ley) para recuperar el rigor y para que se reformen las pensiones de jubilación", según publica hoy el periódico "Il Sole 24 Ore".

Para Marcegaglia, "no se trata de recortar los subsidios de los jubilados, sino de hacer trabajar a quien más ganas tiene y está en condiciones de hacerlo, dando perspectivas reales a los jóvenes, oportunidades de trabajo, futuro", para así "evitar el riesgo de una nueva fuga de cerebros".

Su antecesor en el cargo y actual presidente de Ferrari, Luca Cordero de Montezemolo lamentó que el decreto ley no incluyera "un impuesto sobre los patrimonios superiores a los 5 o a los 10 millones de euros (al año), que hubiese golpeado así también a los evasores de impuestos".

Tras criticar duramente a Gobierno y oposición, Cordero de Montezemolo, dijo en una entrevista al diario "Il Corriere della Sera", que, aunque el Gobierno tenía que hacer "urgentemente"el decreto ley, no "está a la altura de la situación de emergencia del país porque no afronta los verdaderos problemas estructurales".