Madrid pide 1017 millones para pagar a los proveedores

MADRID- Los municipios de media España sacaron ayer las facturas del cajón para acogerse al ambicioso plan puesto en marcha por el Gobierno para que los autónomos y empresas puedan cobrar las deudas más atrasadas. Ayer era el último día que Hacienda concedió a los ayuntamientos para acceder a una línea de crédito de hasta 35.000 millones, 18.000 de los cuales irán a los consistorios y el resto, a las comunidades autónomas.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, remarcó que el plan logrará evitar el cierre de multitud de pequeñas y medianas empresas, asfixiadas en muchos casos por los impagos, y crear entre 75.000 y 100.000 empleos.

311 euros por madrileño
El ránking de consistorios mororosos lo encabeza Madrid, cuyo Ayuntamiento, empresas públicas y organismos autónomos deben más de 1.017 millones de euros a unas 1.700 empresas. Madrid adeuda además 86 millones más que no pueden incorporarse porque las facturas no son de obras, servicios y suministros, como establece. Sin embargo, Madrid no figura entre la entidad local que arrastra la mayor morosidad per cápita, ya que cada madrileño debería abonar unos 311 euros para hacer frente a esas facturas mientras que los ceutíes (unos 83.000 habitantes) deberían pagar 971 euros después de que su Ayuntamiento haya presentado 80 millones en facturas impagadas.
Barcelona, la segunda localidad más endeudada de España, no recurrirá a esta línea de crédito público-privado (vía ICO y entidades bancarias) porque sólo tiene cinco facturas pendientes de años anteriores con un importe que no supera los mil euros. Otros consistorios, como Málaga, Valladolid, Segovia o Gerona ya anunciaron que tampoco recurrirían a la financiación del plan.

Algunos regidores, como el de la localidad extremeña de Arroyo de la Luz, Santos Jorna, sacaron pecho al anunciar que su consistorio «no tiene ninguna factura pendiente» con proveedores a 31 de diciembre y ser, además, «uno de los pocos» que paga en «un plazo máximo de 45 días», según recoge Ep.

En el otro extremo figura Peleas de Abajo, en Zamora, uno de los ayuntamientos más endeudados de España, que ha solicitado medio millón de euros pese a tener sólo 274 habitantes.

El plan supone un fuerte desahogo para la mayoría de los ayuntamientos de España. El de Alcorcón, por ejemplo, logrará saldar el 65% de su deuda comercial al lograr financiación para 144 millones. El consistorio deberá hacer frente ahora a unos intereses próximos al cinco por ciento, lo que supondrá otros 48,7 millones de euros, calculados sobre los 10 años que establece el Real Decreto. De esta forma, sumando la cantidad de la deuda y los intereses, el Ayuntamiento deberá devolver más de 193 millones de euros.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aseguró que la deuda total de las corporaciones locales con los proveedores rondará los 17.000 millones de euros, casi la mitad del préstamo de 35.000 millones anunciado por el Gobierno.

Al cierre de esta edición, entre otros consistorios, Valencia debía a 31 de diciembre de 2011 entre 175 y 190 millones de euros; Zaragoza, 164,4 millones; Palma de Mallorca, 109 millones; Granada, 107 millones; Córdoba, 25,5 millones; Sevilla, entre 50 y 60; León, más de 125; Murcia, 18 millones; Tarragona, 16,5 millones; Lérida, 18,7 millones y Santander, 24 millones. Los ayuntamientos vascos no requieren ayuda estatal.

El PSOE vota por error contra el plan; por Esther E. Palomera
Madrid- La intención era respaldar el plan. De hecho en la convalidación del decreto hace una semana así fue, pero un error de la diputada que dicta cuál debe ser el sentido del voto en el PSOE hizo que la bancada socialista rechazara el plan del Gobierno. Sólo la portavoz, Soraya Rodríguez, y el secretario general, Eduardo Madina, pulsaron el botón del «sí». Todos los demás diputados socialistas lo hicieron en contra, salvo José María Barreda, que se abstuvo. Explicación: los letrados no habían facilitado en el momento de la votación el cuadernillo que ordena estas punto por punto. Así que la «gerente» del voto PSOE, Mamen Sánchez, se hizo un lío y confundió a sus colegas. La iniciativa era un proyecto de ley orgánica que requería dos votaciones: una para la tramitación directa y en lectura única y una segunda sobre el conjunto del texto.

Más allá del error, el pleno respaldó ampliamente la modificación de la ley orgánica que complementa la Ley General de Estabilidad Presupuestaria que permitirá al Estado avalar un nuevo mecanismo de pago a proveedores de los ayuntamientos y las comunidades, convalidado hace ya una semana por el pleno. Las administraciones podrán presentar ante este mecanismo, después de una enmienda del PP, no sólo las facturas de contratos de obra, servicio y suministro, sino también las de conciertos en materia de sanidad, educación y servicios sociales, así como a todos los servicios incluidos en la Ley de Contratos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, destacó que el plan desbloqueará una situación «enquistada, inadmisible e inaceptable en un Estado moderno».