El Gobierno recortará el gasto en patrimonio y en alquiler de edificios

MADRID- La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó ayer en el Senado que están revisando todas las partidas de gasto de la Administración Central para aliviar el ajuste al que obliga la necesidad de cumplir con el déficit. En las empresas públicas y fundaciones, la poda alcanzará el 20 por ciento.

Según los últimos datos del Banco de España, la deuda acumulada por los organismos públicos se acerca a los 60.000 millones de euros, «prácticamente el triple que hace tres años». Un dato que Sáenz de Santamaría calificó de «demoledor». Hay 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios repartidos entre todas las administraciones públicas. «Muchos, y en algunos casos excesivamente caros», explicó.
Tras el Consejo de Ministros del pasado 5 de enero, el Gobierno anunció que ponía en marcha este recorte en los organismos empresariales públicos, para lo que encargó un informe a todos los ministerios y urgió además a todas las comunidades autónomas a cumplir el acuerdo firmado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en 2010. Entonces las autonomías se comprometieron con un plan de reducción del sector empresarial público que afectaba a 515 sociedades. El plan se cumplió en un 14 por ciento.

Ahora el Gobierno de Rajoy dice que quiere hechos por la vía de la fusión y de la eliminación de aquellas entidades que no sirvan a un «propósito público, claro y justificado». También prevé enajenar participaciones no mayoritarias en sociedades privadas en las que el interés general no precise esa presencia. El Gobierno tiene que concretar en un próximo Consejo de Ministros su poda, como también está pendiente de que lo hagan las comunidades autónomas.

Edificios públicos
Recorte en alquileres
La vicepresidenta también anticipó ayer las primeras pinceladas de un plan integral de gestión inmobiliaria que meterá la tijera en los 100 millones de euros que la Administración General del Estado se gasta en alquileres y en mantenimiento de su patrimonio. El Inventario General de Bienes Inmuebles cifra en casi 55.000 los edificios de los que dispone la Administración General del Estado, bastantes de ellos infrautilizados. Por ejemplo, en el centro de Madrid hay patrimonio sin utilizar por valor de 500 millones de euros. En el inventario de bienes inmuebles (bienes en propiedad, tomados en cesión y cesiones de uso) aparecen 4.000 solares, 14.100 edificios, 350 propiedades en el extranjero..., y el resto son fincas rústicas. Además el Estado es arrendatario de 1.000 bienes inmuebles urbanos. Como símbolo de «no uso», Vicepresidencia cita el caso del edificio situado en la calle Duque de Medinacelli: 14.000 metros cuadrados a la espera de un uso apropiado. Ese edificio está adscrito a Presidencia. Todos los ministerios tienen la orden de valorar sus bienes, su gestión y los gastos en mantenimiento y conservación.

Ley de transparencia
Abierta a las aportaciones ciudadanas
En su comparecencia en el Senado la vicepresidenta anunció que la futura Ley de Transparencia –un proyecto estrella de su Departamento– se someterá a un periodo de información y audiencia pública en las páginas web de todos los ministerios, durante el que se tomará nota de las sugerencias que trasladen los ciudadanos. La Ley de Transparencia no recogerá meras recomendaciones, sino que su vulneración conllevará infracciones administrativas y las correspondientes sanciones. Entre ellas, para los responsables públicos que incumplan el objetivo de déficit; que asuman gastos y obligaciones sin crédito para su financiación (facturas no contabilizadas) y a quienes no colaboren o aporten la documentación requerida por los tribunales de Justicia o los órganos de fiscalización contable. La nueva norma irá acompañada de una modificación del Código Penal que recoja las sanciones para las conductas más graves, que conllevarán la inhabilitación. «Todos estaremos sometidos al principio de responsabilidad, de ejemplaridad y de máxima exigencia», sentenció. El objetivo es «derribar muros» y poner un techo de cristal sobre el trabajo de los gestores públicos, por lo que la ley incorporará una serie de principios éticos generales y obligaciones de actuación concreta para los miembros del Gobierno, altos cargos de la Administración y directivas del sector empresarial público. La intención de la vicepresidencia es presentarla en la Conferencia Internacional del Gobierno Abierto que se celebrará los días 17 y 18 de abril en Brasilia.

Nuevo ente regulador
Sede en Barcelona
El nuevo organismo regulador, que agrupará los ocho que existen, tendrá una subsede en Barcelona aprovechando «la infraestructura y la actividad» de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) en la capital catalana.

Recortes en tve
Auditoría de costes: gastar mejor
La vicepresidenta también defendió ayer en el Senado la importancia que tiene que TVE cuente con una «auditoría de costes» que sirva para «gastar mejor» sus recursos. Su presupuesto equivale a la actualización de las pensiones.