Modernizar la gestión de las empresas públicas costará 18 millones de euros

El sector público empresarial andaluz tendrá una difícil digestión por la propia administración autonómica. La reordenación del sector impulsada para cumplir con el plan de reducción del déficit impuesto a España por la Unión Europea ha desvelado un déficit en la gestión de muchos de estos entes instrumentales. Ya en mayo, la Consejería de Hacienda y Administración Pública impulsó un decreto para que las empresas públicas informaran de los datos relativos a su estructura de recursos humanos y facilitaran la información económico-financiera sobre sus balances y memorias anuales. La realidad es que la propia Junta de Andalucía no podía acceder con fluidez a esos datos, pese a que mantiene a estas empresas con su Presupuesto.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha sacado a concurso mediante procedimiento restringido «la migración del sistema Júpiter a una plataforma tecnológica ERP al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales». La cuantía del contrato es muy importante: 17.092.834,05 euros. El plazo de ejecución es de 36 meses y la presentación de ofertas concluye hoy día 6, según lo publicado en el BOJA del pasado 12 de agosto.

El sistema Júpiter se utiliza para la elaboración y seguimiento del presupuesto y de la tesorería en la Administración andaluza. Sin embargo, las empresas públicas –350 según el censo del Ministerio de Economía y Hacienda, 254 según el Gobierno andaluz– utilizan en su mayoría sistemas alternativos. La intención con esta iniciativa es implantar un nuevo sistema de gestión de recursos empresariales –conocido como ERC, Enterprise Resource Planning– para automatizar los procesos de producción, administración, finanzas y contabilidad tanto en la propia Administración como en los entes instrumentales. Así se facilitaría la consecución de economías de escala y el ahorro de costes anunciado por el propio Gobierno andaluz y cifrado en unos 100 millones hasta el año 2013 –poco más de 30 al año–. Para llegar a este punto antes habría que invertir los 17 millones mencionados en la modernización de las estructuras administrativas.

No será hasta esa fecha cuando el nuevo sistema administrativo estará implantado, porque la empresa que lo desarrolle tiene un plazo de ejecución de 3 años desde su adjudicación. Como mínimo, la reordenación del sector público no culminará totalmente hasta finales de 2013.

«Ayuda» para el SIRHUS
En el mismo BOJA, el departamento que dirige Carmen Martínez Aguayo saca a concurso otro contrato mediante procedimiento abierto. Se trata de un «Servicio de ayuda a las labores de producción del SIRHUS», el Sistema de Información de Recursos Humanos utilizado por la Administración andaluza. El presupuesto base de licitación es de 840.000 euros, su plazo de ejecución es de 24 meses y la recepción de ofertas concluye el próximo día 14. Resulta llamativo que la Consejería solicite ayuda externa para «poner orden» en su gestión de recursos humanos tres meses después de que aprobara un decreto solicitando esa información a sus entes instrumentales. ¿No existe personal suficiente para ejecutar esa tarea?

De momento, y a falta de que se extingan las 111 entidades instrumentales y se desarrolle el plan de sedes que permitirá ahorrar costes en alquileres, la «estricta reordenación de las estructuras» –como anunció Aguayo– no ha generado ahorro y sí un coste: casi 18 millones entre los dos contratos.


Claves
- El pasado 27 de julio, el Consejo de Gobierno aprobó vía decreto-ley la reordenación del sector público empresarial.
- La primera fase se centra en la transformación, absorción, fusión y extinción de los entes instrumentales ya existentes. Desaparecerán 111 y se transformarán otros 16.
- En el sector público empresarial andaluz trabajan 19.933 personas. La medida también afectará a 1.474 personas que desarrollan su labor como laborales en la Junta de Andalucía.
- La mayoría de sindicatos –UGT-A, CC OO-A, CSIF-A o SAFJA– han presentado recurso ante el TSJA contra este decreto-ley por vulnerar sus derechos fundamentales.