Amnistía fiscal

Camacho podrá evitar ir a la Audiencia por el «caso Faisán»

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha pedido la identificación de los usuarios de los teléfonos de la Subsecretaría de Estado de Interior (uno fijo y dos móviles) desde donde se efectuaron llamadas a dos de los tres imputados del «caso Faisán».

Antonio Camacho, con el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba
Antonio Camacho, con el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcabalarazon

Uno de ellos es el que utilizaba el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Una vez que el magistrado obtenga de Interior la respuesta a su petición, decidirá si les cita a declarar, tal como pidió la acusación ejercida por Dignidad y Justicia.

Todo hace indicar que la decisión al respecto será la de citar a declarar como testigos a esos usuarios, entre los que se encontraría Camacho. Sin embargo, de producirse esa citación, ello no implicará que el número dos de Interior tenga que acudir a la Audiencia Nacional.

En el supuesto de que sea citado, estará obligado a declarar, pero podrá acogerse a la prerrogativa de contestar a las preguntas en su despacho oficial. Esa posibilidad viene contemplada de forma específica en el artículo 412.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se alude expresamente a los secretarios de Estado entre aquellos que están «exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar». Ea declaración podrán hacerla «en su despacho oficial» o en la sede judicial.

Por tanto, Camacho tendría la posibilidad legal de evitar todo el revuelo mediático que originaría su comparecencia en la Audiencia para testificar sobre esas conversaciones mantenidas con imputados del «caso Faisán».

De acogerse a la posibilidad de declarar en su despacho, se tendrían que declarar hasta el mismo el juez, el secretario judicial, el representante del Ministerio Fiscal y los de las acusaciones personadas en la causa. Si es citado como testigo, una opción nada descartable, estaría obligado a contestar a todas las preguntas y a decir la verdad sobre lo que fuese interrogado.

En la resolución en la que ordenaba a Interior identificar los usuarios de esos teléfonos, el magistrado detallaba las diez llamadas entre el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y el móvil que supuestamente pertenecía a Camacho, realizadas entre el 3 de mayo de 2006 (un día antes del «chivatazo» en las inmediaciones del bar «Faisán» de Irún) y el 17 de octubre de ese mismo año. El mismo día del «soplo», los usuarios de ambos teléfonos mantuvieron una llamada de tres minutos y 33 segundos a las 9:47 horas y una segunda de sólo cuatro segundos casi una hora y veinte minutos después, a las 16:06 horas.

Sin embargo, ninguna de ellas fueron incluidas en el informe policial que recogía el tráfico de llamadas de los tres imputados. Y, claro está, ahora el magistrado reclama explicaciones de por qué no se incluyeron esos números «como teléfonos de relevancia» en el citado informe.

Camacho es nombrado secretario de Estado de Seguridad el 19 de abril de 2004. Dos años después, cuando es evidente la negociación entre el Gobierno Zapatero y ETA, es entrevistado por una televisión australiana y no sabe cómo contestar a una pregunta sobre torturas a etarras detenidos. Incapaz de afirmar que son parte de la estrategia de la banda, responde con un «corta un momento». Poco después se encontraba en París con una enfadadísima Laurence Le Vert, la jueza antiterrorista gala: acababa de producirse el chivatazo.


Preocupación en el Gobierno por las consecuencias de la investigación
- El Gobierno no oculta una cierta preocupación por las consecuencias que pudiera tener el caso «Faisán», en estos momentos en los tribunales, para algunos de los dirigentes políticos que integran el Ministerio de Interior, aunque, al final, se comprueben «la falsedad de las insinuaciones vertidas», aseguran fuentes gubernamentales a este diario.
- Fuentes socialistas no ocultan a este periódico que este caso podría suponer un duro revés en la carrera política del vicepresidente primero del Ejecutivo y titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, llamado ahora a suceder a Zapatero como candidato a las generales.
- Aunque quedara en los tribunales salvada la honorabilidad de los miembros del Departamento del Interior, con su titular a la cabeza, el PSOE muestra su inquietud porque las dudas que «hoy se están sembrando» en torno a la figura de Rubalcaba le impidan, llegado el momento, sustituir al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En el PSOE se está convencido de que Rubalcaba es el mejor candidato para ganar frente a Mariano Rajoy en las próximas elecciones generales de 2012, si, al final, Zapatero decide no presentarse a esta cita con las urnas.
- La preocupación socialista contrasta con la actitud imperdurbable que demuestra día a día el «número dos» del Gobierno de Zapatero. Como no podía ser de otra manera, Rubalcaba continúa con su apretada agenda. Ayer se le pudo ver en primera fila de la firma del acuerdo social y económico.