Griñán reconoce ahora que erró al no llevar el «decretazo» al Parlamento

SEVILLA- El mismo día que entraba en vigor el decreto-ley modificado sólo con CC OO y UGT y cuatro meses después de que la Consejería de Hacienda optara por aprobar la reordenación del sector público por el trámite de urgencia, convalidando el texto en 48 horas y saltándose el trámite parlamentario, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, comienza a reconocer algunos fallos en la forma de proceder de su Ejecutivo. El máximo mandatario andaluz señaló ayer que «quizá haya sido un error» no tramitar desde un principio el decreto como Proyecto de Ley, tal y como se comprometió a hacer la semana pasada el Gobierno andaluz.
Durante su participación en un acto con colectivos y profesionales del ámbito de la universidad y de la cultura, en el marco de los «Encuentros con Pepe Griñán» que se inauguraron ayer, el presidente andaluz insistió en que «quizá sea un error, pero es un error explicable por dos razones». Adujo que en aquel momento el diálogo era «imposible» porque estaba convocada una huelga general; y en segundo lugar, estaba la «urgencia» del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que obligaba a hacer la reestructuración del sector público, con la la reducción de entidades y empresas públicas. «Ahora tenemos la oportunidad de hacer ese diálogo político y profesional, si también se quiere, para llevar a cabo la reestructuración», apuntó el presidente de la Junta, quien destacó que ha podido haber dificultades de interlocución, pero que en la actualidad se va «en la buena dirección».
Al hilo de ello, señaló que quizá él sea el funcionario de grupo A más antiguo que tiene la Junta de Andalucía, con 13 trienios, por lo que sabe «qué es ser funcionario». «Al funcionario lo respeto en la medida en que he confiado la educación de mis hijos a funcionarios, la sanidad y la salud de mi familia a los funcionarios, y la atención de mis mayores a los funcionarios». No obstante, lamentó el hecho de que se hagan afirmaciones que «no figuran en ningún lado». Es incierto–abundó– que se pretenda hacer funcionario público a una persona sin pasar pruebas o que no se respete el convenio colectivo. «Me he leído el decreto mil veces y eso no lo he visto».
Por otra parte, miles de empleados públicos –según fuentes sindicales unas 30.500 personas– se volvieron a manifestar por las calles de las capitales andaluzas para pedir la derogación del decreto-ley, en una movilización convocada por la Plataforma Empleados Públicos de Andalucía (PEPA) y apoyada por los sindicatos CSIF, Ustea y USO. Las manifestaciones tuvieron lugar en todas las capitales excepto en Córdoba, donde se celebró el jueves. La más numerosa fue la de Sevilla, con unos 6.000 empleados.