Seis años de cárcel por delito fiscal

El Gobierno sigue acompañando sus medidas más impopulares de reformas ejemplarizantes. Esta vez en el ámbito del fraude fiscal y laboral. Además de responder al objetivo de avanzar en las reformas para que «España recupere la senda de crecimiento y de consolidación fiscal», el movimiento busca contener la mala imagen de la amnistía fiscal aprobada bajo la presión del déficit y la urgencia de conseguir ingresos. En su día, el Ejecutivo fijó en más de 8.000 millones de euros la cantidad que cree que ingresará con la aplicación de su nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal.
Además, traslada al Código Penal la decisión de castigar a aquellos cargos públicos que falseen las cuentas públicas o no se ajusten a sus presupuestos. El tiempo de inhabilitación podrá llegar a los diez años. Ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, detalló varias modificaciones en el Código Penal para delitos económicos. Por un lado, se eleva de cinco a diez años el plazo para que prescriban. Y, además, se endurecen las penas de cárcel, que podrán llegar a ser de hasta de seis años, frente al tope anterior de cinco, introduciéndose un tipo agravado sobre esta clase de delitos. La legislación establece prisión de uno a cinco años para importes defraudados superiores a los 120.000 euros. La reforma del Código Penal nace de los anteproyectos de ley contra el fraude fiscal, laboral y en la Seguridad Social. Y por eso cambia también la regulación de los delitos contra los derechos de los trabajadores, reduciendo, para ello, el importe del tipo delictivo contra la Seguridad Social de 120.000 euros a 50.000 euros. El Gobierno fortalece la figura del inspector de Hacienda con sanciones de entre 1.000 y 100.000 euros para aquellos que no colaboren, obstaculicen o se nieguen a una inspección. Si se trata de empresas, la multa se moverá entre la horquilla de 3.000 y 600.000 euros. Sáenz de Santamaría calificó esta nueva reforma penal de «profunda». «Afecta a la mala gestión de los recursos públicos, a la lucha contra el fraude fiscal y también contra el fraude laboral», sostuvo. El proyecto establece que durante la tramitación del delito fiscal, y en el tiempo de remisión a la Fiscalía para la presentación de la querella, puedan liquidarse y cobrarse los ingresos pendientes ante la Agencia Tributaria.