Rebelión socialista contra la reforma constitucional

Y es que las críticas al presidente del Gobierno no sólo provienen del PP, por plantear una medida que en junio de 2010 ya propuso el partido de la oposición y que, más que críticas, le supuso mofas. Ayer, el mismo Josep Borrell, ministro de Obras Públicas en el Gobierno de Felipe González, candidato a las primarias socialistas del 98 y ex presidente del Parlamento Europeo, calificó la medida de Zapatero de «sacrificio ritual a las exigencias de Merkel». Y abogó por un referéndum para aprobar la reforma, al igual que colegas y grupos nacionalistas. Para conseguirlo, se necesita el 10% de los miembros del Congreso o el Senado (35 diputados o 27 senadores), a lo que no llega la suma de los partidos minoritarios. Por este motivo, Esquerra Socialista de Catalunya (ESC) difundió ayer un comunicado para que los diputados del PSC, PSOE, ICV-IU, «reúnan las suficientes firmas para que una décima parte de los diputados soliciten un referéndum", y así obligar al presidente del Gobierno a realizar «una recitifcación urgente». Es cuestión de prioridades: ¿Garantizar la estabilidad presupuestaria o perder la autonomía financiera? Durán i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso, aseguró que comparte el espíritu de la reforma, aunque añadió que «la improvisación responde a la falta de rumbo del Gobierno». Por el contrario, el Govern defendió un «no rotundo» si se limita su autonomía. Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat, también tuvo palabras para la medida: «Debemos hacerlo sin el coste de que nosotros perdamos capacidad de autogobierno», y además advirtió de que los acuerdos entre PP y PSOE «suelen perjudicar a Cataluña». Desde Ciutadans simplemente solicitaron que la Carta Magna sea sometida a consulta popular.

Bildu, en contra
 En otro escenario del mapa político, el diputado del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, alertó de que será «absolutamente estricto, rígido e inútil» si no incluye medidas de flexibilidad. Opinión apoyada por el lehendakari Patxi López, quien afirmó que la limitación del techo de gasto no puede ser «un corsé que impida hacer política en época de crisis», ya que las administraciones públicas necesitan recursos que provienen de la deuda pública. A la postura nacionalista se sumó la coalición abertzale, Bildu. Su portavoz en el Parlamento foral, Maiorga Ramírez, rechazó la reforma porque «lesiona el autogobierno», y añadió que UPN –que sí se ha posicionado a favor– «avala, como siempre, cualquier medida diseñada en Madrid aunque lesione la capacidad de definición económica de las instituciones de Navarra».

Más expresivo fue el portavoz nacional del Bloque Nacionalista Gallego, Guillermo Vázquez, que calificó el tope de gasto de «auténtico disparate» e «ineficaz». Y añadió: «esta reforma deja entrever que esas famosisísimas diferencias en política económica entre el PSOE y el PP no son tales». En Palma de Mallorca, la condición del bloque PSM–IV–ExM sonó a amenaza: «Que la reforma incluya un techo de las aportaciones de las Comunidades Autónomas al Estado. Que se tenga también en cuenta el modelo alemán, donde las regiones federales no retornan al Gobierno más de un 4% del PIB».

Tampoco IU se deshizo en elogios respecto a la renovación constitucional. Para Gaspar Llamazares «no es aceptable» que un «Parlamento moribundo tramite un cambio para fijar un límite de déficit», y adelantó que su formación «exigirá que esa modificación sea sometida a referéndum porque supone la amputación del Estado de Bienestar».

Ni siquiera el sindicato socialista, UGT, ha apoyado a Zapatero: «Es una medida de dudosa viabilidad, y que sólo va a introducir elementos de riesgo para el crecimiento», reflexionó Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical.


Rubalcaba quiere negociar la reforma tras haberla ridiculizado
El candidato socialista ha pasado de asegurar que no impondría un «techo de gasto» por ley, a apoyarlo, eso sí, mirando bien «la letra pequeña». Durante el transcurso, ayer, de un encuentro con familias, dentro de los llamados «Diálogos con Rubalcaba», el ex ministro de Interior confirmó que la reforma de la Constitución no implicaría en «ningún caso algún tipo de recorte social» aunque quiso ser cauteloso y manifestó que «no nos podemos pillar los dedos», por eso la nueva ley tiene que tener flexibilidad», para «que puedan manejarse los Gobiernos que pasen momentos complicados». El que fuera vicepresidente primero del Gobierno, reconoció que «contaré con pocos recursos» por lo que sólo hay que «gastar donde se debe».


Cataluña pide que se emitan hispabonos
El conseller de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, Andreu Mas-Colell, reivindicó ayer la creación de «hispabonos». Se trataría de emisiones de deuda que realizarían de forma conjunta todas las comunidades para financiarse a menor coste. Al contar con el respaldo de las 17 economías autonómicas, resultarían más seguros y las comunidades podrían colocarlos con un menor tipo de interés.
Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, reclamó que sea el Parlamento catalán el que fije el techo de déficit de la comunidad.