Jubilación
El Gobierno acelera la reforma de las pensiones y el control del déficit
La ampliación del periodo de cálculo implica un recorte de la pensión media percibida.
MADRID- El Gobierno se ha acostumbrado a actuar a golpe de lo que le dictan los mercados y ayer, después de que la agencia de calificación Moody's cuestionara su capacidad para acometer reformas estructurales y dudara de la solvencia financiera de las comunidades autónomas, la ministra de Economía, Elena Salgado, optó por adelantar al próximo lunes la publicación de los datos de ejecución presupuestaria de las regiones del tercer trimestre.
La falta de datos ha alimentado las dudas de las agencias de calificación sobre la supuesta dificultad de las autonomías de afrontar su déficit. En los pasillos del Congreso, Salgado detalló que el Ministerio de Economía pretende escenificar esa presentación de datos en un acto conjunto con las autonomías. El Ministerio de Economía no descarta que puedan presentarse datos por comunidades, para lo que están intercambiando documentación con las autonómiás.
Prioridades
De hecho, se ha retrasado la presentación de los datos de ejecución presupuestaria del Estado de noviembre para priorizar los de las comunidades. Los datos correspondientes a los dos primeros trimestres, aunque no se hicieron públicos, permitieron al Gobierno asegurar que las CC AA cumplirían con los objetivos de déficit marcados para 2010, del 2,4%.
La ministra se mostró confiada en que tras su publicación «Moody's y todos entenderán que no hay ningún riesgo de incumplimiento del objetivo de déficit marcado para este año». También el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, aseguró que las comunidades cumplirán este año y el próximo. Desde el Ministerio de Economía se muestran algo molestos con los análisis de los mercados, que califican de poco «cuidadosos» y que, según Campa, se refieren a muchas de las reformas pendientes que se van a llevar a cabo en el tiempo y calendario previstos.
Una de las reformas que los mercados han urgido al Gobierno es la de las pensiones, y ayer, la Comisión del Pacto de Toledo alcanzó un preacuerdo para ampliar el periodo de cálculo de las prestaciones por encima de los 15 años actuales, aunque sin fijar una cifra concreta que deberá ser negociada con los agentes sociales. Lo suscribieron PSOE, PP, CiU, PNV y Grupo Mixto y se descolgaron ERC, IU y BNG. Estos últimos partidos aseguraron que presentarán votos particulares si la propuesta se añade como una de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Disensiones
El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, consideró esta medida un recorte «muy importante» de derechos porque supondría una disminución de la pensión media a medio plazo. Además, se mostró preocupado ante la posibilidad de que la recomendación abra la puerta al Gobierno a la ampliación del periodo de cálculo a toda la vida laboral, informa Ep.
Pese a este principio de acuerdo parlamentario, el principal escollo que paralizó, según IU, la reunión de la comisión fue la propuesta del PSOE sobre la edad legal de jubilación en la que no se especifica la edad exacta ni se descarta que se eleve a los 67 años, informa Efe.
Según la portavoz socialista del Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, la recomendación alude a acercar la edad real de jubilación (en torno a los 63 años) a la actual edad legal (los 65 años), con una propuesta de incentivar la prolongación de la vida laboral. Un texto respaldado por PSOE y por CiU pero que no ha recibido el apoyo del resto de partidos por considerarlo «confuso y ambiguo». La Comisión del Pacto de Toledo volverá a reunirse esta tarde.
Los secretarios generales de CC OO, Ignacio Fernández Toxo y de UGT Cándido Méndez exigieron también ayer a esta comisión que deje «clara y nítida» su posición ante la posible ampliación de la edad de jubilación de 65 a 67 años. UGT y CC OO se manifestaron delante de la sede de la CEOE y a las puertas del Ministerio de Economía para advertir de que la huelga general «está en manos del Gobierno».
El Ejecutivo tendrá que gastarse más de lo esperado en pensiones
El Gobierno tendrá que compensar finalmente con 2.659 millones de euros a los 8,5 millones de pensionistas por la desviación en 1,3 puntos de la inflación de noviembre, mes de referencia para calcular las pensiones. La inflación se ha desviado trece décimas (hasta el 2,3% en tasa interanual) respecto al objetivo del 1%. Este gasto es mayor al previsto en un principio de 2.472 millones, debido a que el IPC ha sido superior en una décima a la cifra adelantada hace una semana. El Gobierno decidió congelar las pensiones contributivas para 2011, lo que significa que éstas no subirán más allá de la compensación por la desviación del IPC.
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