Bruselas

El Gobierno aprueba una regla de gasto para cumplir con Bruselas

Pretende que afecte al conjunto de las administraciones públicas

El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la rueda de prensa celebrada ayer tras el Consejo de Ministros
El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la rueda de prensa celebrada ayer tras el Consejo de Ministroslarazon

MADRID- El Gobierno sentó ayer las bases del acuerdo que propondrá a las autonomías a finales de julio en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para establecer un techo de gasto y cumplir, así, con Bruselas. Concretamente, el Consejo de Ministros estableció ayer por decreto ley la regla para calcular el gasto máximo permitido para el Estado y los principales ayuntamientos, diputaciones y cabildos españoles.
A partir de ahora, el gasto del Estado y las corporaciones locales no podrá superar la media aritmética resultante de sumar el Producto Interior Bruto de los cinco años anteriores, más el PIB del ejercicio en curso y la previsión de crecimiento económico de los tres siguientes años. A esa media habrá que añadir un 1,75% de evolución de IPC. Es decir, en el año en curso estas administraciones públicas no podrán gastar más que lo que arroje en cada ejercicio esa ecuación. De tal manera que un año se sobrepasará los gastos y se incurrirá en mayor déficit. Desfase que será, según el Gobierno, compensado con un superávit en siguientes ejercicios si la economía evoluciona mejor de lo esperado.
Al término del Consejo de Ministros, Alfredo Pérez Rubalcaba «vendió» ayer esta medida como una «regla de austeridad», que Elena Salgado propondrá el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera a las comunidades autónomas. El Gobierno apuesta por que los ejecutivos regionales, con independencia del color ideológico, lleguen a un acuerdo para asumir esta nueva regla de techo de gasto «sin mayores problemas». El Ejecutivo incluirá para su aprobación este pacto en un decreto ley o en el proyecto de ley de los Presupuestos del Estado de 2012.
El decreto ley que bendijo ayer, tras las resoluciones del Debate del Estado de la Nación, instaura también el silencio positivo de la Administración. De tal manera que si no responde a las consultas de las personas físicas y jurídicas en un plazo de tiempo razonable, su silencio se entenderá como un «sí» a esa consulta, en lugar de como un «no» como hasta ahora.