«Me practicaron el aborto en una hora por 940 euros»

A pesar de ello, el doctor Morín ha solicitado a la juez que instruye la causa por los posibles delitos de abortos ilegales, asociación ilícita y falsedad cometidos en sus clínicas, Elisabet Castelló, que archive la causa –o alternativamente el sobreseimiento provisional– y se le evite, a él y a su mujer, la también imputada María Luisa Durán, la «famosa pena de banquillo, siempre estigmatizadora y totalmente injusta a la vista de todo lo manifestado y acontecido a lo largo del presente correspondiente».

Así lo sostiene su defensa en el recurso presentado contra el auto de la magistrada por la que concluía la investigación y en la que determinaba que 115 de las interrupciones de embarazo llevados a cabo en sus centros médicos de Barcelona incumplieron incluso la nueva Ley del Aborto.

En ese recurso, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se afirma que no hay un solo dato que avale la comisión de ningún hecho delictivo que se le pueda imputar a Morín o a su mujer, ni indicios de los mismos, existiendo, por tanto, una «imposibilidad» de realizar «ese juicio de probabilidad sobre unos hechos que tengan naturaleza incriminatoria» por parte de la magistrada.

En cuanto a los abortos ilegales detectados por la instructora, la defensa de Morín niega tajantamente tal extremo y sostiene que esa consideración sólo viene avalada «por una investigación que únicamente se sustenta sobre la base de un atestado policial» donde, además, «se han ocultado las identidades de los titulares de los historiales médicos sometidos a investigación, y, por tanto, no ha sido posible la toma de declaración de las personas que se dice que han abortado».

Con «mayor o menor pericia»
Por ese mismo motivo, añade el recurso de la defensa, no se puede afirmar que esos abortos se llevaron a cabo sin que existiera un «peligro grave para la vida» de las mujeres, ya que esos testimonios fueron prestados sólo ante la Guardia Civil.

En cuanto al delito de falsedad, se esgrime que los reconocimientos médicos previos a esos abortos se llevaron a cabo «verdaderamente» por médicos de las clínicas de Morín. Aunque, eso sí, se admite que una cuestión distinta es «que pueda discutirse si dichos reconocimientos se llevaron a cabo con mayor o menor pericia, pero dicho extremo no convertiría en falsos unos reconocimientos».

En cambio, para la jueza, dichos dictámenes médicos serían falsos, pues se habrían realizado sin visitar ni explorar a ninguna de las pacientes o manteniendo sólo muy puntualmente y en contados casos «una entrevista en la que el médico o las enfermeras de las clínicas le pasaban a firmar un test denominado "cuestionario de salud mental de Goldberg"que firmaban en blanco con cumplimentar siquiera las respuestas la propia paciente».

Uno de los testimonios ante la Guardia Civil a los que alude la defensa del doctor Morín es el de una mujer que abortó en la clínica TCB de Barcelona y que desmonta una a una las tesis del controvertido ginecólogo. La joven, cuya gestación se encontraba en la semana 22, acudió a la citada clínica y, según sus propias palabras, «desde que entré en la clínica hasta que me practicaron el aborto no tardaron ni una hora». De la declaración se extrae también que «le hicieron firmar muchos papeles, aunque no sabía lo que firmaba» y que no le explicaron nada más. Además, dijo que «en ningún momento previo a la interrupción del embarazo fue visitada por ningún médico psiquiatra para su evaluación». Tampoco «le informaron de la obligación de ser reconocida por un psiquiatra previamente» a la práctica del aborto y aunu así tuvo que desembolsar 940 euros en efectivo.

Respecto a la acusación de que los imputados formaban una asociación ilícita, el abogado de Morín afirma que no puede predicarse esa condición por el hecho de «encontrarnos ante un conjunto de médicos y/o facultativos que trabajan en clínicas privadas y que, obviamente, se hallan en una situación jerarquizada por su propia situación laboral».

«Centros legalizados»
«Las relaciones laborales de todos los imputados no han sido creadas ex profeso para delinquir, sino que estamos ante centros médicos de carácter privado, debidamente legalizados y autorizados», argumenta el recurso. Morín como director de las clínicas, «supervisaba y controlaba la actividad de las mismas, pero ello se realizaba en el ámbito de la más estricta normalidad».

La conclusión a la que ha llegado la jueza tras cuatro años de investigación es radicalmente distinta en ese apartado: «Se han aportado a la presente instrucción indicios de la existencia de una asociación ilícita entre todos los imputados de manera permanente y estable para la práctica de intervenciones abortivas, sin cumplir ninguno de los requisitos legales». Al frente de esas clínicas se encontraba Carlos Morín, el cual, como director de las mismas, «era quien decidía en qué centro y qué doctores practicaban cada una de las intervenciones».


«Disfrazaban las actuaciones con un manto de normalidad»
El recurso de Morín y de otros imputados ha sido contestado, hasta ahora, por la acusación ejercida por Alternativa Española –cuya querella fue la que inició el procedimiento–, la cual pide que se rechace de plano, al entender que la decisión de la instructora está más que justificada. Para esta acusación, los imputados, en su práctica profesional diaria, «disfrazaban sus actuaciones con un manto de normalidad». Sin embargo, las declaraciones de las pacientes han dejado claro que en no pocos casos los abortos se practicaron sin informes psicológicos o no fueron realizados por quienes estaban obligados para ello. Además, se ha acreditado la «connivencia de los imputados en dichas prácticas ilegales y la participación de todos ellos en algunas de esas intervenciones abortivas».