Reforma energética: Industria aplicará tasas a las nucleares hidráulicas y renovables

MADRID-Tasas para todos. Ésta es la fórmula por la que parece haberse decantado el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para hacer frente al déficit de la tarifa eléctrica, cifrado hasta el momento en 24.000 millones de euros. La segunda batería de reformas en el sector energético, que se anunciarán previsiblemente en el Consejo de Ministros de este viernes hace suya la máxima política del «café para todos» con tasas a la generación de energía nuclear, a la hidráulica y a la renovable, según ha podido saber LA RAZÓN.

Las tasas a las dos primeras han estado siempre contempladas en los borradores preliminares de la reforma energética evaluados por el ministerio de José Manuel Soria. Industria considera que ambas tienen unos márgenes de retribución que permiten este esfuerzo, ya que son instalaciones cuyos costes están amortizados y disfrutan de un régimen de establecimiento de precios que retribuye a todas las tecnologías por igual.

Un impuesto a la energía hidráulica y nuclear de entre 10 y 15 euros el megavatio hora (MWh) tendría un impacto de entre 850 y 1.300 millones de euros, según los cálculos efectuados por la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Aunque las compañías eléctricas y su patronal Unesa se oponen a la medida tras haber afrontado buena parte de los recortes en la anterior batería de reformas del pasado abril, entre ellas el tijeretazo de 700 millones en la retribución a la distribución, podrían obtener contrapartidas. La CNE ha sugerido que podría estudiarse un alargamiento de la vida útil de las nucleares, bien para compensar los gastos derivados de la gestión de los residuos y el combustible gastado más allá de 2020 o bien por la implementación de los derechos de emisión. Unesa ya ha advertido de que «un recorte de 1.000 millones a la generación dejaría esta actividad en un beneficio cercano a cero».

Pero como el «agujero» provocado por el desfase entre los costes y los ingresos del sistema eléctrico es mayúsculo, motivado por las ingentes ayudas entregadas y comprometidas en los próximos años a las energías «limpias», el sector renovable deberá afrontar parte del esfuerzo.

A finales de enero, Soria suprimió mediante real decreto ley las primas a las nuevas instalaciones de energías renovables, a las que las compañías eléctricas tradicionales acusan de ser las causantes del «agujero» que ellas se ven obligadas a financiar. Los proyectos registrados ante el Ministerio antes de la entrada en vigor de la moratoria tienen derecho a cobrar las primas. Como el recorte de las ayudas comprometidas para los nuevos proyectos preasignados y los que están en funcionamiento podría provocar un aluvión de recursos por la aplicación de la retroactividad –a pesar de que el Supremo da la opción al Gobierno de aplicar las medidas que estime oportunas, siempre que mantenga márgenes razonables de beneficio para las empresas–, Industria aplicará una tasa a la generación de esta energía. Soria ha recordado que las primas al régimen especial comprometidas para nuevos proyectos supondrán unos 70.000 millones de costes entre 2012-2020, lo que pasaría a engrosar un déficit de tarifa que crece entre 5.000 y 5.500 millones cada año y colapsaría la economía.

La tecnología que más podría notar el recorte es la termosolar, que no sólo acumula más proyectos preasignados, sino que tiene el coste más elevado –las eléctricas tradicionales lo cifran en 330 euros/MWh–. Según los datos de la CNE, las centrales solares acumularon el 41% de las primas al régimen especial en 2011, unos 2.818 millones de euros, y aportaron el 9,9% de la energía vendida. industria y Hacienda estudian la conveniencia de aplicar el «céntimo verde», un impuesto adicional sobre los carburantes que financiaría una parte de las primas a las renovables, que representan un tercio de la factura eléctrica, unos 7.000 millones. La subida que se plantea ronda los cinco céntimos por litro de gasóleo y los cuatro céntimos por litro de gasolina.

El coste de fuera de la Península, a los presupuestos
El Gobierno decidió no incluir la dotación para financiar el extracoste de generación de energía en territorios extrapeninsulares en los Presupuestos de 2012, lo que implicaba que la financiación debería realizarse mediante la tarifa de la luz. Esta dotación era de unos 1.458 millones, si bien el Gobierno decidió en diciembre, como parte del real decreto ley de medidas urgentes contra la crisis, limitar esta partida a un tope de 256 millones. Además, un real decreto de 2010 prevé el traslado progresivo de esta partida a los presupuestos.