La juez abre el juicio oral por las comisiones ilegales de Mercasevilla

sevilla- Un jurado popular enjuiciará el caso de las comisiones ilegales de Mercasevilla. Mercedes Alaya, juez de Instrucción número 6, emitió un auto en el que asevera que el caso se considera «un claro ejemplo de corrupción» y abre juicio oral por cohecho contra los cuatro acusados: los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, el ex delegado de Empleo, Antonio Rivas, y la funcionaria María Regla Pereira. En el mismo, se refleja que no existen indicios de delito de uso de información privilegiada, como imputó el PP, y tampoco de estafa cualificada, como exponía la acusación particular del PSOE, por «falta del elemento esencial del engaño suficiente y del error del sujeto pasivo».

Los hechos enjuiciados se remontan a enero de 2009, cuando dos empresarios del Grupo La Raza denuncian un supuesto intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros como condición para ser adjudicatarios de una escuela de hostelería en el mercado central. Lo que falta por determinar es el beneficiario último, pues la propia juez admite que «la comisión ilícita presuntamente se reclamó ya fuera para su enriquecimiento propio, para la Junta, para el partido que la gobierna o para cualquier destino desconocido».

El relato de los hechos se inicia tras la concesión a la Fundación Mercasevilla en diciembre de 2008 de la subvención de 900.000 euros para la escuela de hostelería. De común acuerdo, Rivas y Mellet deciden exigir a los empresarios Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas «con ilícito ánimo de lucro», según el auto, una comisión de 300.000 euros «por haber sido la empresa elegida para su gestión». Tras recordar el primero en enero de 2009 la reclamación de la comisión, Mellet le pide a Ponce que se reúna con los empresarios. «Los que dan piden», les indicó éste en referencia a la Junta, añadiendo, además, que debían costear sin factura la acometida eléctrica de la escuela de hostelería, que ascendía a 150.000 euros. Todo ello en una cita a la que también acudió Regla Pereira, «reforzando con su presencia los requerimientos de su compañero», según el auto.

Tras la sorprendente petición, los empresarios concertaron un segundo encuentro el 27 de enero en el despacho de Mellet cuyo contenido fue grabado por los solicitantes. El entonces director de Mercasevilla amplió su oferta. «Es una especie de impuesto; si colaboran con la Junta, se les subvencionarán todos los cursos de formación futuros», expuso Ponce, ante lo que Mellet apostilló: «Todas las administraciones funcionan así». Incluso deslizan una supuesta financiación ilegal del PSOE cuando dicen «quizá sea para carteles de Felipe González, pero yo me creo que es para los niños saharauis».

Alaya cree que las pruebas son más «débiles» en el caso de Pereira y Rivas, pero suficientes para que sean juzgados, dando por «válida» la grabación y rechazando la nulidad planteada por la defensa de Mellet. La Fiscalía reclama una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público durante 21 meses, mientras que el PP y el PA, que ejercen de acusación, solicitan un año de cárcel y trece de inhabilitación y multas que totalizan hasta 3,6 millones.