Prejubilados de Dhul estudian nuevas movilizaciones porque siguen sin cobrar

GRANADA- Pese a que el consejero de Empleo Manuel Recio, aseguró el viernes que no tenía «constancia» de retrasos en los pagos a prejubilados por parte de su departamento, la realidad es otra. O eso dicen algunos afectados. Los trabajadores de la planta granadina de Dhul prejubilados en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado hace más de ocho años estudiarán, junto al resto de afectados de Andalucía, nuevas medidas de presión ante el impago de sus prejubilaciones, toda vez que las conversaciones mantenidas entre la Junta y los sindicatos para conseguir este objetivo permanecen «bloqueadas» desde octubre.
Así lo ha informado a Europa Press uno de los afectados en Granada, Rafael Carmona, quien ha relatado que las pretensiones iniciales de cobrar se han disipado, a pesar de que hace unos meses «parecía» que varias compañías aseguradoras habían mostrado al Gobierno andaluz su interés por asumir sus pólizas.
Esta situación se produce después de que una de las empresas con las que se contrataron los seguros en Dhul, la belga Apra, entrara en quiebra propiciando que los pagos quedaran bloqueados. El problema afectaba inicialmente en Granada en 75 personas a las que se adeudaba más de 32 millones de euros, aunque algunas de estas personas han fallecido sin que se resuelva el problema o ya se han jubilado, por lo que esta cifra es menor.
En Andalucía están afectadas más de 600 personas que serán llamadas en breve a una asamblea general de afectados, convocada por los sindicatos, para estudiar medidas de presión, ya que la mayoría de ellos llevan un año sin cobrar ningún ingreso del Gobierno andaluz.
Según la versión de este sindicato, la Junta acordó el desbloqueo de los impagos por las prejubilaciones de los ERE, aunque este compromiso se ha cumplido «sólo en el caso de las empresas que habían concertado los seguros correspondientes con Generalis», no así en las empresas cuyo seguro se cerró con Apra.
De acuerdo a los datos de UGT, se trata por una parte de «la deuda que la Consejería de Empleo tiene con Apra» y por otro el compromiso adquirido del Gobierno andaluz con los representantes sindicales de que iba a situarse en la posición de acreedora con Apra, y adelantar los pagos a los afectados, «pagos que no se están abonando».