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Así es la nueva filosofía del Instituto de Cine
A pesar de que Susana de la Sierra Morón (Santander, 1975), nueva directora general del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), es posible que nunca haya pisado un rodaje o figurara en la lista de invitados a los Premios Goya, nadie de la familia de la industria nacional podrá acusarle de falta de conocimiento sobre cómo funciona el negocio.
La hasta ayer profesora titular de Derecho Administrativo y directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Castilla-La Manchaes una especialista en Derecho de la Cultura y, más concretamente, en el cinematográfico, según atestigua su estudio «Derecho del cine: administración cultural y mercado» (Iustel). José María Lassalle ha optado para esta parcela –como para el resto de su equipo– por una persona de perfil técnico, pero muy formada en la materia, es decir, con los conocimientos suficientes, pero sin las ataduras de cercanía que tuvo la anterior ministra con «lobbys» del sector, como los llamados «Cineastas contra la Orden». Ya sólo queda el nombramiento del director del Instituto Cervantes para completar los cargos más relevantes de la Secretaría de Estado.
En el estudio antes señalado, De la Sierra analiza la relación entre la industria del séptimo arte y el poder político, desde una perspectiva europea, pero también microscópica, pues estudia hasta la penúltima orden ministerial de la Ley de Cine que aprobó Ángeles González-Sinde. A pesar de tratarse de una obra exhaustivamente descriptiva, no faltan comentarios que indican cuál será su hoja de ruta en los próximos cuatro años, en los que además habrá de lidiar con los ajustes económicos del sector, recientemente conocidos. Éstas son las líneas básicas de su filosofía:
- No rechaza las subvenciones pero es partidaria de la inversión privada. No se debe «renunciar al sistema de ayudas públicas, sino que lo que se persigue es obtener un modelo más sofisticado que responda a un sector en crecimiento y a un contexto plural y complejo», sostiene en su estudio. También defiende la atracción de capital privado a través de desgravaciones, no sólo por cuestiones de eficiencia económica, sino también porque, además, «permite la realización artística libre de condicionantes políticos». En este sentido, analiza tanto el modelo del Centro Nacional de Cinematografía francés, como el británico. Al primero lo alaba por haber sido pionero en este campo, pero señala que «el sistema de ayudas públicas presenta problemas (como el dirigismo), circunstancia que ha llevado a lo poderes públicos a articular la intervención desde otro punto de vista, como el de créditos fiscales. Se muestra más partidaria del modelo británico, en el que tanto laboristas como conservadores han impulsado, «en materia cinematográfica, un sistema fiscal justo y consistente».
-Críticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a las ayudas europeas. Aunque dentro de la UE las subvenciones al cine son algo incuestionable, son muy contestadas en el ámbito internacional. «Resulta cuanto menos curioso que el anclaje económico de la regulación del cine en el ámbito comunitario [basado en la excepción cultural] se desvanezca en otro contexto internacional como el de la OMC».
- No es partidaria de la conversión del ICAA en agencia. Analiza, además, el Instituto de la Cinematografía, que es un ente autónomo dentro del Ministerio. Se refiere a los planes de convertirlo en agencia estatal y señala, que, a diferencia del Inaem, el ICAA «no rueda películas, no interviene directamente en la actividad económica cultural», por lo que, «probablemente, no resulte necesaria la nueva forma organizativa».
- Gran sensibilización hacia la calificación por edades. Sin ser un tema económico, ni de índole industrial, aparece repetidamente en sus estudios. En ese sentido, no es partidaria de la autorregulación: «Resulta indispensable la participación de las administraciones públicas» en esta labor.
- El coeficiente de inversión obligatoria de las televisiones. Aunque no entra de lleno en este asunto, subraya que hay doctrinas que señalan que la obligación legal de que los operadores inviertan en películas de productores independientes ha sido tachada como límite a la libertad de empresa.
- La limitada capacidad de los programa Media. En su análisis europeo de la administración cinematográfica alude a la intervención de la UE en la materia. Sobre los programas Media asegura que «su alcance ha sido tradicionalmente limitado, debido a la amplitud de sus contenidos, a la ambigüedad de su terminología y a la unanimidad requerida para adoptar decisiones en este ámbito».
- Economía vs. Cultura. La experta analiza ampliamente la jurisprudencia española en la que diversos tribunales tratan una de las cuestiones fundamentales del cine, su carácter industrial y cultural: «La primera constatación sobre la naturaleza cinematográfica es, por tanto, su dualidad, tal y como, de hecho, se pone de manifiesto en la regulación jurídica del sector».
El detalle
MEDEM Y «AMÉLIE», DOS MODELOS
Aunque «Derecho del cine: administración cultural y mercado» es un manual de análisis legal en toda regla, de los pocos en castellano dedicados a este ámbito cultural, podemos deducir alguno de los gustos cinematográficos de su autora, pues cita «Tierra» de Julio Medem, por su enjundia filosófica, donde «el ser humano se debate entre su continente físico y su contenido psíquico». Otro ejemplo de buen cine para ella es «Amélie» : «Se trata de una película europea de éxito comercial que, al mismo tiempo, presenta una cierta calidad artística. Sin embargo, esta doble característica es algo extraordinario, por cuanto ambos elementos no siempre coinciden». También concede a los cineforums de los últimos años del franquismo
y la transición haber sido «el origen de la concienciación política y del espíritu crítico».
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