Ley corrupta: Un jurado de lujo para los Jemeres

Arrugados en sus sillas, los cuatro ancianos se quejan del aire acondicionado y de la luminosidad de la sala. El abogado de Nuon Chea, el otrora «hermano número dos», alega la «avanzada edad y salud deteriorada» de su cliente para que le permitan comparecer con su gorrito y sus enormes gafas de sol. El tribunal acepta, ya que los acusados tienen que ser tratados con todas las garantías de la justicia internacional. Hace tres décadas, cuando quienes gobernaban eran ellos, los Jemeres Rojos, el mero hecho de poseer unas gafas hubiese sido motivo suficiente para acusarlo de «burgués», golpearle en la nuca con una vara de bambú y arrojarlo, aún agonizante, a una fosa común. En sus cuatro años de gobierno, iluminados por su utopía agraria, los milicianos acabaron con la vida de casi dos millones de personas, una cuarta parte de la población del país.

Leyendo las atrocidades cometidas por los seguidores de Pol Pot, observando los vídeos y fotografías que ilustran su sanguinaria locura, la necesidad de justicia se hace casi fisiológica. Resulta difícil no simpatizar con la causa de las llamadas Cámaras Extraordinarias de las Cortes de Camboya (CECC), que en teoría llevan ocho años preparando un juicio lo más justo y moderno posible: un experimento de justicia internacional avalado y financiado por la ONU. Sin embargo, el organismo vive una avalancha de críticas a causa de su lentitud, despilfarro, escándalos de corrupción y presiones políticas. Algunos expertos a sugieren su disolución. «El tribunal está fallando y ha llegado la hora de que la ONU considere seriamente dejar de apoyarlo», dice Duncan McCargo, analista de la Universidad de Leeds. Varios miembros extranjeros del tribunal han dimitido en los últimos meses, porque se vive un «ambiente tóxico» en las reuniones. El CECC, en sus esfuerzos por zanjar los horrores de la Kampuchea Democrática, se ha topado de lleno con la Camboya de hoy.

Los problemas del tribunal vienen de muy atrás. A pesar de que el régimen apenas duró cuatro años, nunca se intentó sentar a sus líderes en el banquillo, cuya legitimidad avalaron durante años China y EE UU, de acuerdo a la perversa lógica de alianzas en la Guerra Fría. Muchos de los cabecillas han ido muriendo en estas tres décadas, empezando por el propio Pol Pot, el «carnicero» Ta Mok, o el ex ministro de Defensa, Son Sen. Al resto, cuyas edades van de los 79 a los 85 años, no parece que les quede mucho tiempo. No fue hasta 1997 cuando la ONU se tomó en serio la idea del juicio y entabló negociaciones con el Gobierno de Hun Sen, que sigue gobernando hoy y a quien muchas organizaciones describen como un «régimen de fachada democrática». Hun Sen no quería injerencias internacionales. Al fin y al cabo, él mismo había sido un oficial desertor de los Jemeres Rojos. Pero a cambio de muchas concesiones, cambió de opinión. Camboya empezaba a ser uno de los destinos favoritos de las ONG y recibía una lluvia de ayuda humanitaria: el año pasado alcanzó los 1.000 cien millones de dólares.

Cuanto más dure, más dinero
La ONU decidió intentar un experimento nuevo: una corte internacional dependiente de la justicia local. Y con personal mixto: mitad extranjero, mitad camboyano. Además, se invitó a las víctimas a presentarse como partes civiles, contemplando incluso la posibilidad de indemnización. Para el juicio se escogió un viejo teatro reconstruido y convertido en el edificio más grande de la capital. Y se asignó un presupuesto millonario, aumentando con el paso del tiempo y que supera los cien millones de euros. Si, tal y como se sospecha, los dos casos aún pendientes acaban bloqueados, el número de acusados se reduce a cinco. Si ninguno muere antes de ser condenado, la media es de 20 millones de euros por sentencia, cien veces más de lo que ha costado juzgar a los criminales de la guerra de la ex Yugoslavia.

Los escándalos no tardaron en llegar. La prensa estadounidense aireó que los camboyanos que trabajaban para el organismo tenían que pagar entre un 30 y un 40 por ciento de su salario a altos funcionarios, por haberles colocado en el tribunal. El dinero era distribuido en sobres todos los meses, una costumbre arraigada en un país que se sitúa, según Transparencia Internacional, entre los 15 más corruptos del mundo. El director del Centro de Documentación encargado de reunir las pruebas, Youk Chaang, admite que la corrupción ha salpicado por todos lados, que el juicio está siendo demasiado lento y no todo lo transparente que habría sido deseable. «Los sueldos del tribunal son altísimos así que es normal que quienes trabajan allí quieran que dure lo más posible. Pero lo importante es el legado que dejaremos a los niños. Un 55 por ciento de ellos son descendientes de víctimas o verdugos. No podemos transmitir que los asesinos tienen impunidad», dice por teléfono.

Desinterés de la población
Lo cierto es que el tribunal también ha tenido problemas para hacer llegar su mensaje. Para empezar, la población no termina de entender el respeto a las apelaciones y el buen trato a los prisioneros. Muchos comparan las garantías del juicio y las comodidades de los ex jemeres rojos con el trato que reciben en las cárceles y juzgados ordinarios. Por si fuera poco, la primera y hasta ahora única sentencia, la de Duch, el director del centro de torturas de Toul Sleng, fue de 35 años de prisión, de los que sólo tendrá que cumplir 19 más. El acusado aceptó su responsabilidad en cerca de 14.000 asesinatos.

Pero más que la indignación, predomina algo parecido al desinterés. Un estudio de la Universidad de Berkley aseguraba que el 85 por ciento de los camboyanos «no conocía o tenía un conocimiento muy vago» del tribunal hace apenas dos años. Y es más, el 81 por ciento de quienes nacieron después del gobierno de Pol Pot ni siquiera podían definir con claridad lo que ocurrió. Se trata de un dato revelador teniendo en cuenta la juventud de una nación en el que dos de cada tres personas vinieron al mundo después de 1979.

Para combatir la desinformación se están haciendo esfuerzos: se retransmite en directo el juicio, se organizan excursiones a la sede de la CECC y el curso escolar que ahora acaba ha sido el primero en el que se han estudiado los crímenes de los Jemeres Rojos. «Pero la sensación de impunidad se acabará en Camboya cuando deje de haber impunidad en un sistema podrido y la gente no pase calamidades, no cuando condenen a estos cinco ancianos», denuncia un abogado camboyano desde la capital.

Camboya terrorífica
El primer ministro camboyano, Hun Sen, ha asegurado que si siguen adelante los procesos que aún quedan (el 003 y el 004), se podría desencadenar una guerra civil. Altos cargos del actual Gobierno, incluido el primer ministro, temen ser arrastrados como testigos o imputados. Según algunos rumores, la ONU habría cedido a estas reclamaciones y en cuanto acabe el proceso 002 abandonará las causas abiertas contra mandos intermedios del régimen. Sin el apoyo del Gobierno camboyano sería imposible mantener el tribunal. Para empezar, no habría detenciones si la Policía no colaborara. En un durísimo informe, la Open Society Foundation asegura que ha habido graves errores e irregularidades en la instrucción de los casos.

Fechas
17-abril-1975
Los Jemeres Rojos entran en Phnom Penh y someten a Camboya a un régimen de terror
2-abril-1976
Creación de Kampuchea Democrática
7-enero-1979
Los vietnamitas toman Phnom Penh y empieza una guerra civil entre los Jemeres y los nacionalistas
23-sept-1993
Después de las elecciones (mayo del 93) , se restablece a Norodom Sihanouk en el trono
15-abril-1998
Muerte de Pol Pot a los 73 años