Comunidad de Madrid
La Comunidad investigará la situación de la Policía de Pinto
madrid- Al Ayuntamiento de Pinto le puede salir muy caro sus recortes en el área de Seguridad. La denuncia de sus policías municipales, y que recogió ayer LA RAZÓN, en la que aseguran que se ven obligados a utilizar los vehículos de las Bescam para todo tipo de labores, porque los coches municipales no tienen gasolina, ha supuesto que se abra una investigación por parte de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional estudiará si, como dicen los agentes locales, en Pinto se incumple el convenio de financiación de las Brigadas de Seguridad Ciudadana (Bescam). Y es que, estas brigadas (los sueldos de los agentes, su vestuario, vehículos y gasolina) son costeadas con el dinero de las arcas regionales, pero únicamente pueden dedicarse a labores de seguridad ciudadana, un ejercicio que podría haberse excedido ya que, según denuncian los policías locales de Pinto, han sido utilizadas para todo, cuando ha habido cortes de gasolina por impagos del Ayuntamiento. El vicepresidente regional, Ignacio González, advirtió ayer al regidor pinteño, Juan José Martín, de que en el caso de que la investigación determine el mal uso de las Bescam en Pinto, «se tomarán las medidas oportunas para que se cumpla» e incluso, añadió, «se podría llegar a retirar las Brigadas de Seguridad Ciudadana a este municipio si se confirmara el incumplimiento del convenio».Asimismo, González calificó de «sorprendente que el Ayuntamiento de la localidad no tenga entre sus prioridades el hacer las funciones propias de prevención de la Policía Local», algo que calificó de «irresponsabilidad» del alcalde, Juan José Martín. A pesar de que es la segunda vez en menos de un año que los propios agentes municipales denuncian el mal uso que se hace de las Bescam en Pinto, el regidor del municipio aseguró ayer a Europa Press que «no ha hecho ningún uso indebido» de los agentes y de los vehículos asignados a las Bescam. Martín incluso llegó a «invitar» al Ejecutivo de Esperanza Aguirre a investigar la labor de estas «brigadas regionales» si alberga «sospechas», así como a «adoptar las medidas oportunas» si confirma su uso indebido.
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