Rajoy recortará en subvenciones inversión y gasto corriente

Madrid- No obstante, el nuevo titular de esta cartera, Cristóbal Montoro, ha tenido que revisarlo todo para someterlo a las prioridades establecidas por Mariano Rajoy. Es una ayuda, comentan en el PP, que Montoro conozca al ex secretario de Estado de Hacienda Juan Manuel López Carbajo de la etapa en la que fue subdirector general del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en el Gobierno de Aznar. Aunque esa conexión no sea suficiente antídoto para desactivar todos los frentes abiertos con los que el equipo popular trabaja en estos días.

Además de andar algo a ciegas –ni disponen de los datos finales del ejercicio anterior ni tampoco de la previsión de crecimiento económico del próximo año– los ministerios tienen que someterse a un delimitado catálogo de partidas susceptibles de nuevos «tijeretazos». En el Capítulo I del Presupuesto, el de Personal, no hay mucho más margen que el de la congelación del sueldo de los funcionarios, que supone, además, un exiguo recorte del 2 por ciento, es decir, algo más de 1.000 millones de euros. Todo suma, pero es una cantidad pequeña dentro del montante total del gasto público que en el mejor de los casos, un déficit del 6 por ciento, habría que ajustar: 16.500 millones de euros. Si el déficit de 2011 se dispara un punto por encima de esa previsión, entonces el obligado ajuste engordaría otros 10.000 millones de euros más. Y en el Gobierno de Rajoy no descartan que el déficit se vaya incluso por encima del 7 por ciento. Además de esta congelación salarial, ya se anunció que no habrá oferta pública de empleo en 2012, salvo para las Fuerzas de Seguridad del Estado y otros Servicios Públicos esenciales.

El Capítulo II, el del Gasto Corriente, está también muy constreñido, según reconocen fuentes populares, pero aun así el Gobierno prepara un nuevo «tijeretazo» en él, aunque sea más simbólico y ejemplarizante que determinante para el fin del cumplir con el objetivo de déficit establecido por Bruselas. En este capítulo entran alquileres, gastos de mantenimiento de edificios y demás bienes muebles e inmovilizado material, gastos de edición y publicaciones, coches oficiales...

En este escenario, los tres capítulos presupuestarios condenados a sufrir el mayor ajuste son el IV, el de las Transferencias corrientes, que abarca todos los gastos, condicionados o no, efectuados por el Estado, organismos autónomos y otros organismos públicos sin contrapartida directa por parte de los agentes receptores, ya que se destinan a financiar operaciones corrientes. También incluye la «subvenciones en especie» de carácter corriente.

Y el VI y el VII, Inversiones Reales y Transferencias de Capital, que, por simplificar, afectan, entre otras cuestiones, al gasto en infraestructuras, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos... Hay otros capítulos, como el III, el de los Gastos Financieros, es decir, el de los intereses de la deuda, que será difícil que no sigan aumentando en los próximos meses, lo que hace aún más obligado que en esta primera ofensiva la poda se concentre en subvenciones (Rajoy se comprometió incluso a tocar las que reciben los partidos, los empresarios y los sindicatos), transferencias a distintos organismos y entidades, e inversión pública. El Gobierno prepara una amplia reducción de empresas, fundaciones y organismos públicos, como anunció Rajoy en su investidura, pero su concreción exige un estudio más detenido «y más tiempo», lo que hace imposible que vaya a este segundo Consejo de Ministros. En estos días también estudian la posibilidad de algún primer retoque fiscal, a la baja, si bien el grueso de los incentivos del programa electoral irán en la Ley de Emprendedores. 

Un estilo de Gobierno ante la crisis
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, adelantó ayer que el decreto del próximo viernes de medidas urgentes incorporará las primeras decisiones «prioritarias e imprescindibles» para salir de la crisis económica. En su esencia, están destinadas a luchar contra el déficit público, aunque también marcarán el «estilo de un Gobierno que está decidido a hacer frente a la crisis», según explicó en la toma de posesión de los nuevos secretarios de Estado de Relaciones con las Cortes y de Comunicación, José Luis Ayllón y Carmen Martínez Castro, respectivamente.