Televisiones privadas y «telecos» pasan por la caja de RTVE

El Real Decreto apunta que antes del 10 de septiembre de 2010, el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, a propuesta de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), aprobará por orden ministerial los modelos de ingresos a cuenta y autoliquidación necesarios para pagar la nueva tasa.

Una vez que esto ocurra, las televisiones y las 'telecos' tendrá un plazo de veinte días para pagar tanto la cantidad correspondiente al último cuatrimestre de 2009 -la Ley de Financiación de RTVE entró en vigor el 1 de septiembre de ese año- como los pagos de la tasa a cuenta vencidos y no satisfechos, correspondientes al ejercicio 2010.

La ley, que supuso el fin de la publicidad en la cadena pública, establece que RTVE se financiará mediante un porcentaje sobre el rendimiento de la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico y mediante tasas a los canales privados en abierto (el 3% de sus ingresos brutos), de pago (el 1,5% de sus ingresos brutos) y a empresas de telecomunicación (el 0,9 por ciento de sus ingresos).

Tasa de dominio radioeléctrico
Respecto a la tasa sobre el dominio radioeléctrico, el Real decreto establece que los pagos a cuenta mensuales a favor de la Corporación RTVE se calcularán tomando como referencia la recaudación neta obtenida en el ejercicio 2009, a fecha 31 de diciembre. Además, señala que los pagos a cuenta correspondientes a meses vencidos y no abonados se efectuarán en plazo de veinte días contados desde el sábado.

La nueva tasa, aunque todavía no ha sido cobrada, ya ha repercutido en las cuentas de resultados del primer semestre de las televisiones privadas. Así, en sus informes de resultados del primer semestre de 2010Telecinco y Antena 3 achacaron parte del incremento en sus costes operativos a la provisión de la cantidad destinada a pagar la tasa de la televisión pública.

El cobro de la tasa para financiar a la cadena pública ha levantado las protestas de las operadores de telecomunicaciones, que han recurrido a Bruselas porque entienden que no se les puede gravar con una tasa para financiar un negocio distinto al suyo.

En lo que respecta a la tasa sobre el dominio radioléctrico, la Comisión Europea ya se ha pronunciado y dictaminó en julio que el nuevo sistema de financiación de RTVE respeta la normativa comunitaria sobre ayudas públicas porque garantiza que la televisión pública "no recibirá una compensación excesiva por prestar servicios públicos de radiodifusión".

No obstante, el Ejecutivo comunitario mantiene abierto el procedimiento de infracción para determinar si es legal o no la tasa impuesta a los operadores de telecomunicaciones para compensar la supresión de la publicidad.

Cambios en las tasas
El Real Decreto incluye un cambio respecto al borrador que estudió el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información que puede afectar al importe que van a tener que pagar las cadenas privadas.

En este sentido, el borrador consideraba ingresos brutos de explotación de las cadenas los percibidos en razón de su actividad como prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva y excluía aquellos ingresos que la empresa o grupo de empresas del que formara parte el operador percibiera por el ejercicio de actividades distintas del servicio de televisión.

Mientras, el Real Decreto publicado este viernes incluye en los ingresos gravados por la tasa tanto los que provengan de su negocio televisivo como de la financiación anticipada de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series para televisión, documentales y películas y series de animación así como los negocios jurídicos sobre licencias de comunicación audiovisual.

Pautas para la información electoral
Asimismo, las televisiones privadas consideran una "tropelía"tratar de imponerles unas pautas en la información que emiten durante las campañas electorales y aseguran que "van a estar muy atentas"y "hablarán con los grupos parlamentarios"para tratar de que "se imponga el sentido común"y se retire la medida durante la tramitación de la Ley Electoral.

"Confiamos en que se imponga el sentido común y tanto el PP y el PSOE se den cuenta del despropósito que van a cometer y rectifiquen", ha asegurado a Europa Press el secretario general de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca), Jorge del Corral, tras publicarse el informe de la subcomisión del Congreso de los Diputados encargada de la reforma electoral.

En este sentido, ha señalado que, "aunque es verdad que lo que ahora se ha publicado es muy distinto a lo inicial, sigue habiendo un gravísimo error de principio", ya que "cada cadena puede defender su ideología e informar como crea conveniente"porque "la totalidad de los medios de comunicación lo que hacen es ser plurales y esa es la riqueza de la democracia".

"En esto de los derechos fundamentales no se pueden estar un poco embarazada, o se está embarazada o no se está", ha subrayado el secretario general de la UTECA, quien ha indicado que "no hay precedentes"de una medida similar en el derecho comparado. "No hay país que tenga esto", ha insistido.

Por ello, ha esperado que los grupos parlamentarios sean "conscientes"de que una imposición así "no se sostiene"porque va en contra de "la propia profesión periodística"y "una vez que se elabore la proposición de ley eso se suprima".

Por último, Del Corral considera "lógico"que las televisiones públicas estén sujetas a estas normas, pero ha apuntado que la proporcionalidad en la información de distintos partidos deberían respetarla "todo el año"y ser "independiente de los gobiernos de turnos".

"Igualdad y proporcionalidad"
Las televisiones privadas deberán respetar los principios de "igualdad y proporcionalidad"entre partidos políticos, tanto en sus informativos como en sus entrevistas y debates, durante los quince días de la campaña electoral, según recoge la redacción definitiva del informe de la subcomisión del Congreso encargada de la reforma electoral, que ha sido publicado oficialmente este miércoles.

La aplicación a las cadenas privadas de las normas que vienen rigiendo la labor informativa de las televisiones públicas, en contra de los colectivos profesionales de los medios, fue aprobada a finales de junio por todos los grupos parlamentarios del Congreso pero su redacción concreta había quedado pendiente.