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Entre las constructoras ACS, FCC y Sacyr han percibido 1.990 millones de euros

Los ayuntamientos empiezan a pagar a los proveedores

  • Los ayuntamientos empiezan a pagar a los proveedores

Tiempo de lectura 2 min.

01 de junio de 2012. 01:13h

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1/6/2012

MADRID- Quebradas por falta de liquidez. Así han acabado miles de pequeñas empresas durante la crisis no por tener un plan de negocio inviable, sino porque las administraciones no les pagaban lo que les debían. Una situación que el Gobierno se ha propuesto atajar con su plan de pago a proveedores. Ayer era el día marcado para que los ayuntamientos comenzasen a liquidar a sus proveedores las facturas que tienen atrasadas con los 9.372 millones de euros de ayuda que han solicitado. Y los efectos del plan se dejaron notar de forma casi inmediata. La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), aseguró que más de 120.000 autónomos han comenzado a cobrar sus facturas pendientes, «algunas del siglo pasado».

Grandes empresas
Pero no sólo las pymes y autónomos se han beneficiado de la medida. A primera hora, la constructora FCC informó de que ya había cobrado 650 millones de los 1.500 que se la adeudan. Horas más tarde, ACS comunicaba que había cobrado otros 1.100 millones y Sacyr otros 240.

Los grandes ayuntamientos se apresuraron también a informar de que habían empezado a finiquitar sus facturas. Madrid, por ejemplo, aseguró que ya ha empezado a pagar los 1.004 millones de euros que adeuda. El consistorio, además, se ha comprometido a poner en marcha una política que permita reducir el plazo de pagos de seis a tres meses, según explicó el presidente de FCC, Baldomero Falcones. Barcelona también tiene intención de recortar de 60 a 30 días dicho periodo, pero ha decidido no acogerse al plan porque en este momento no lo necesita.

Otros consistorios como Valencia, Sevilla, Zaragoza o Jerez de la Frontera también comunicaron que han empezado a pagar sus facturas pendientes.

En total, los proveedores han reclamado más de 9.300 millones de euros a los ayuntamientos, que sumados a los 17.000 que han pedido a las comunidades, suman cerca de 27.000 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno firmó un crédito sindicado, avalado por el Estado, de 35.000 millones de euros con 26 entidades para que suministraran el capital del plan a los consistorios, por lo que restan 8.000 millones de euros sin emplear. Por ello, Hacienda ha ampliado hasta el 15 de junio el plazo a los ayuntamientos que, en primera instancia, habían quedado descartados del programa. Para acogerse al mismo, debían presentar un plan de viabilidad especificando el modo en que devolverían el dinero que les han prestado los bancos a diez años, con dos de carencia y un interés cercano al 6%.

Todos los implicados se han felicitado por la puesta en marcha de un plan que, como recordó ayer Falcones, inyecta una liquidez en las empresas equivalente al 3% del PIB y que contribuirá a combatir el desempleo.
  
 
 

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