Servicio a una causa justa

El Senado dio ayer un paso al frente fundamental contra una impunidad imperante en España que ha favorecido el atropello de los derechos de autor. El Pleno de la Cámara Alta aprobó la disposición adicional incluida en el texto de la Ley de Economía Sostenible relativa a la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor en internet, más conocida como Ley Antipiratería. Y lo hizo con una mayoría abrumadora. La iniciativa antidescargas fue refrendada por 248 votos a favor y tan sólo 5 en contra. Ese significativo apoyo parlamentario supone un valor añadido que refuerza más si cabe la nueva etapa que se despejó ayer en defensa de la propiedad intelectual. La responsabilidad de los grupos parlamentarios del PSOE, PP y CiU ha resultado decisiva para sentar las bases de una legislación que acabe con la injusticia y nos aproxime a una convergencia con la regulación europea. La enmienda pactada por los tres grupos en la Comisión de Economía del Senado permitió rescatar la Ley Antipiratería después de su fracasado paso por el Congreso. Queremos resaltar especialmente la contribución y la sensatez de la ministra Ángeles González-Sinde y de los portavoces del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, y de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, que entendieron la trascendencia de lo tratado y lograron limar diferencias para establecer puntos de encuentro por una causa justa y de urgente regulación. Los tres han prestado un magnífico servicio a la cultura, a los creadores y a los derechos de autor, pero por encima de todo al interés general. Los tres entendieron desde el principio que el modelo pirata del «todo gratis» para beneficio de unos pocos no compaginaba ni amparaba derechos, en este caso, de los supuestos internautas, como defendían las tesis extremistas de la red; sino que pisoteaba la creación, además de que empobrecía fatalmente un sector principal de toda sociedad avanzada, del que dependen también miles de puestos de trabajo. La enmienda consensuada establece reformas encaminadas a acelerar el bloqueo o cierre de los sitios web que faciliten las descargas no autorizadas de contenidos protegidos por derechos de autor. Se determina además un procedimiento con todas las garantías y bajo la tutela judicial, lo que evita cualquier arbitrariedad o supuesto abuso de la autoridad administrativa. Lo que permite esta ley es precisamente que el Estado de Derecho actúe donde antes lo hacía la «ley de la selva del siglo XXI», y se den garantías donde antes existía desamparo. Estamos, sin duda, ante una magnífica noticia. Una propuesta con un propósito tan contundente e inobjetable como es que los autores sean retribuidos por sus obras, como sucede en todo el mundo civilizado, y que se sancione a los que mercadean y se lucran con la explotación de una propiedad ajena. Hablábamos de un paso al frente fundamental, pero no debe ser el último. Esta ley no puede ser una norma aislada, sino que tiene que ser un punto de partida para profundizar y mejorar la lucha contra la piratería intelectual.