Reducir los trámites burocráticos reactiva el sector de la construcción

VALENCIA- La reactivación de la economía debe pasar por la recuperación del que fue su principal motor, el sector de la construcción. Al menos, así lo considera el Gobierno valenciano, que ha impulsado, a iniciativa de la Consellería de Medio Ambiente, la Ley de medidas urgentes para el desarrollo de actividades productivas y la creación de empleo. La ley, aprobada en Les Corts la semana pasada, pretende dar respuesta a una de las principales inquietudes del sector, que reclamaban mayor facilidad en la tramitación de planes e instrumentos urbanísticos. Los mecanismos previstos también facilitarán la implantación de actividades productivas y potenciarán la inversión pública, favoreciendo sobre todo la creación de puestos de trabajo, según explicó el vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino.Con la nueva normativa, las iniciativas urbanísticas tendrán una tramitación mucho más sencilla. Documentos tan relevantes como Planes Generales, Planes Parciales, Planes Especiales o Planes de Acción Territorial verán reducidas las trabas burocráticas para su aprobación, con el fin de contribuir a la dinamización de la economía.Las Administraciones Públicas (Generalitat y ayuntamientos) tendrán la obligación de emitir sus informes para la aprobación de planes urbanísticos en el plazo máximo de un mes. En caso de superarse este plazo sin haberse emitido el informe, podrá continuarse adelante con el procedimiento. El plazo de un mes será obligatorio para las Administraciones, salvo que por ley se fije un plazo alternativo.Otra de las figuras administrativas que se elimina es el concierto previo, documento en el que los ayuntamientos establecen las líneas maestras de su Plan General. 62 ayuntamientos valencianos serán los primeros en beneficiarse de esta medida.En la misma línea, la Ley de medidas urgentes para el desarrollo de actividades productivas suprime la obligatoriedad de otro trámite, la cédula de urbanización territorial. Este documento es la autorización de la Consellería de Medio Ambiente a un Ayuntamiento en el caso de los planes parciales que implican la reclasificación de suelo o cuando el municipio pretende modificar su modelo urbanístico.También se producirá una simplificación de los trámites para la reforma de viviendas o edificios, de manera que se podrán iniciar de inmediato con una declaración concedida por el Ayuntamiento, sin que sea necesaria, como ocurría anteriormente, una licencia de obras.Esta medida también contribuirá a la recuperación económica y la generación de empleo. De hecho, las 34.000 intervenciones de rehabilitación previstas en los próximos dos años favorecerán la creación de 17.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción, uno de los más afectados por la crisis.Empleo ruralOtro de los objetivos es ampliar las posibilidades de implantar en suelo no urbanizable actividades que creen empleo. Las casas rurales y establecimientos de turismo rural no requerirán Declaraciones de Interés Comunitario (DIC) si se implantan en viviendas rurales ya existentes, en situación legal y que no haya que ampliar en más del veinte por ciento del volumen construido. En los últimos tres años la Consellería de Medio Ambiente ha emitido 14 DIC que autorizan la implantación de hoteles rurales. Esta medida tiene una especial relevancia en autonomías como la valenciana, donde 660.000 personas han pernoctado en establecimientos rurales en el último año. La mayor parte procedía de otras provincias de España.

Más actividades en suelos no urbanizables- La Ley de medidas urgentes para el desarrollo de actividades productivas y creación de empleo permite nuevas actividades en suelo no urbanizable no previstas hasta ahora, como son las tiendas de productos agrícolas en la misma parcela en la que se producen. También se facilitará la implantación de otras, como los campings o los centros deportivos y sanitarios. Así mismo, para generar empleo en suelo no urbanizable se faculta a los Ayuntamientos a reducir hasta un 50 por ciento el importe del canon que deben pagar las empresas que se implantan en suelo de estas características y a prorrogar o fraccionar su pago.