Los 314 olvidados

MADRID- Tenía 20 años, una niña de cinco meses y llevaba un año casada con Aurelio Prieto, un joven de 23 años, apasionado de su trabajo en la Guardia Civil. Le venía de familia su devoción por el uniforme, no sentía miedo y creía que podía cambiar la situación en el País Vasco desde San Sebastián, donde estaba destinado. Pero la banda terrorista ETA disparó contra su futuro, contra su vida.

 El caso de Aurelio Prieto es uno de los 314 asesinatos que aún siguen impunes. La Fundación de Víctimas del Terrorismo presenta hoy el informe sobre los «asesinatos de ETA sin resolver» con el fin de que se esclarezcan.

Concepción Fernández, la mujer de Prieto, había nacido y crecido en la capital guipuzcoana. El día que se casó con Aurelio, muchos de los que hasta entonces eran sus amigos dejaron de hablarle, comenzaron las miradas intimidatorias, vigilantes... «Me sentía observada, allí no se podía vivir», destaca.

El 21 de noviembre de 1980, cuando Prieto se acercó a identificar con otro compañero un coche sospechoso, al pedirles la documentación los terroristas le dispararon y remataron en el suelo. «Habíamos formado una familia, yo quería abandonar el País Vasco, íbamos a marcharnos, pero el día que salí de allí fue con su féretro». Aún recuerda su sonrisa, su optimismo... «Era una persona que estaba encantada con su niña. ¡Contagiaba su alegría!». Uno de los asesinos del joven guardia civil es Eugenio Barrutiabengoa «Arbe», uno de esos terroristas que el gobierno de Hugo Chávez cobija en Venezuela y mantiene con un cargo en su administración. Fernández pidió hace tiempo que extraditaran al asesino de su marido, pero no tuvo respuesta. Mientras, la ausencia de Aurelio Prieto no tiene fecha de caducidad, ni el dolor de su mujer prescribe; si el etarra Barrutiabengoa no es extraditado a España, el delito de su marido quedará impune en 2016. «Es injusto que un Gobierno acoja al asesino de mi marido, y le dé un puesto en su Gobierno, cuando su único lugar es la cárcel». Estos asesinos «son los mismos que se dedican a expropiar las tierras en Venezuela. Se van ahí a aplicar una ley, mientras huyen de otra».

Fernández sabe que Chávez no está por la labor de extraditar a ningún etarra, y cree que hasta que no salga de allí el presidente venezolano «no se hará justicia». Ya han pasado 31 años desde que su marido no está. Tras hacer la maleta huyendo de San Sebastián, pasó cinco años en Mérida y luego se marchó a Zaragoza. Mientras acunaba a su niña, trataba de estudiar y logró sacar con el tiempo unas oposiciones de funcionaria.

 Fernández se aferra a la petición de los fiscales que reclaman la extradición. «Las causas que tiene pendientes el asesino de mi marido son anteriores a su nacionalidad venezolana; lo nacionalizaron, pero antes tenía delitos de sangre». Le abrasa poner cara al asesino de su marido y tenerlo lejos sin poder hacer nada. «Te ves nula». Contra Chávez siente rabia, pero «no es comparable con el sentimiento que tengo contra los terroristas que mataron a mi esposo». «Si tuviera un minuto con Chávez y me dejara hablar con él le explicaría mi situación, lo que he tenido que vivir. Y le pondría los nombres de los asesinos encima de la mesa».

No se rinde. Fernández espera que el nuevo Gobierno tome las riendas, que haga algo, y pida la extradición del asesino de su marido. «Que no lo dejen estancado como hizo el anterior Gobierno». «Moveré lo que haga falta para que se haga justicia».

Las víctimas, contra la impunidad
La Fundación de Víctimas, que presenta hoy el texto sobre los asesinatos sin resolver, publicó en 2010 un artículo en el que destacaba que, aunque oficialmente no existen datos, se calcula que desde 1978 hay unos 300 asesinatos de ETA sin sentencia. Esto provocó el archivo de las correspondientes actuaciones judiciales. De estos, unos 100 podrían prescribir. El artículo 132.2 del Código Penal establece que la prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, «cuando el procedimiento se dirija contra el culpable».