Energías renovables sí pero no a cualquier precio

El Gobierno acaba de aprobar en Consejo de Ministros la supresión de las primas a las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial, conocidas popularmente como «las renovables». La medida no tiene carácter retroactivo, y se aplicará sólo a las nuevas instalaciones; que habrán de ser autosuficientes económicamente para explotarse rentablemente.
En España más de las tres cuartas partes de su consumo de energía primaria depende de las importaciones, lo que –además de exponernos a un alto riesgo por los vaivenes geoestratégicos de sus exportadores– supone una carga ingente para nuestra balanza comercial y nuestro crecimiento económico. Por lo tanto, las instalaciones de producción eléctrica renovables, las que no consumen combustible y cuya fuente de energía primaria es inagotable, suponen una oportunidad tecnológica única para mitigar tales problemas macroeconómicos y de riesgo de abastecimiento. Adicionalmente, estas fuentes no producen ningún tipo de emisión ni contaminante, ni de gases de efecto invernadero, por lo que se convierten en vector primordial del desarrollo económico sostenible, especialmente para España, con grave dependencia energética del exterior. Las tecnologías renovables están todavía en una fase de desarrollo dentro de su curva de aprendizaje hacia la madurez técnica y hacia su competitividad económica autónoma frente a otras tecnologías de producción eléctrica. Así, en España, el coste completo unitario del régimen especial varía entre los más de 100 €/MWh de la energía eólica y los más de 400 €/MWh de la solar fotovoltaica, mientras que la nuclear se sitúa en unos 50 €/MWh, y el ciclo combinado de gas en el orden 85 €/MWh. Por lo tanto, y en el estado del arte actual, las energías renovables necesitan una subvención en cualquier país del mundo para poder competir económicamente. Esta subvención deberá reducirse para incentivar el desarrollo, pues si se mantienen artificialmente altas, como se ha hecho en España, lo único que se consigue es que determinados agentes obtengan rentas anormales, a expensas de un sobrecoste para el total del sistema eléctrico, y por ende del total de la economía. En España nos hemos convertido en los campeones nacionales de la política energética renovable acelerada, y por lo tanto ineficiente. Ilustran lo dicho datos del Council of European Energy Regulators. En Europa han sido España, Portugal y Dinamarca los países en los que mayor porcentaje de su producción eléctrica ha recibido subvención; España con 6 millardos de euros y Alemania con 5,6, han sido los países que más han subvencionado en términos absolutos las renovables; pero considerando las subvenciones en relación al total del mercado eléctrico nacional, España se sitúa en cabeza con 22,5 €/MWh, siendo Alemania y Portugal el siguiente grupo con unos 10 €/MWh. Países líderes en producción renovable como Dinamarca y Suecia se sitúan en 8 y en 3 €/MWh respectivamente. Estas cifras muestran cómo podríamos haber dispuesto de una capacidad renovable como la actual pero a un coste mucho menor, si se hubiese desarrollado con criterios de racionalidad económica en un plazo algo más largo. Son los peajes del fundamentalismo ecologista del gobierno anterior, que nos deja en herencia un pasivo de 20.000 millones de Euros.