«La Justicia en Andalucía es como una bicicleta estática»

Sevilla- La grave crisis económica ha acabado ahogando los tambores de queja en el mundo judicial. El «caso Mari Luz» dejó al descubierto la estructura oxidada del pilar que sostiene Estado de Derecho: falta de medios económicos y materiales, incomunicación entre juzgados, que aún no han dado el salto del papel a la era digital. La Judicatura se remangó la toga. Hubo paros y protestas. Y buenas intenciones por parte de los gobiernos central y autonómico. En Andalucía, la Junta prometió más inversión, más juzgados, mejores infraestructuras con el impulso de las ciudades de la Justicia y una nueva reorganización de los recursos humanos para poner en pie la Oficina Judicial. De eso hace más de dos años. Ni se ha llevado a cabo la prometida reorganización de los puestos de trabajo, ni avanzan las ciudades de la Justicia –la de Sevilla debió inaugurarse este año–. Las ejecutorias –a papel– siguen haciendo polilla en los armarios, el número de asuntos pendientes ha superado ya el larguero del medio millón y el Gobierno andaluz ha solicitado al Ministerio posponer a 2011 la creación de ocho de los 15 órganos judiciales que estaban planificados para este año por falta de presupuesto.
Antonio Dorado es vocal del CGPJ, el máximo órgano de gobierno de los jueces. Tiene a sus espaldas 27 años como secretario judicial y le ha tocado ver, como a los explorados de cantimplora, de todo.

–Hace dos años de su última entrevista con LA RAZÓN. Entonces tenía en la mesilla de noche «Un mundo sin fin», de Ken Follett. ¿El mismo título para la misma Justicia?
– «Efectivamente. Es un mundo sin fin. La Justicia en Andalucía es como una bicicleta estática. Estamos todo el día pedaleando, pero no se avanza».

–La reprogramación de órganos judiciales solicitada por la Junta contó casi con la unanimidad del CGPJ.
–«El CGPJ lo que hizo fue un informe sobre la orden de cambio de fecha para esos órganos solicitada al Ministerio de Justicia. Es nuestra obligación informar. Sin embargo, esa orden cuenta con el voto particular de dos vocales, Manuel Almenábar y yo. Entendemos que la Junta ha tenido un año para poner en marcha estos órganos judiciales y tampoco estamos hablando de un número tan importante como para que se produzca este desfase en el tiempo. Con el colapso que hay en la Justicia, con el elevado número de asuntos pendientes que soportan los órganos de Justicia en Andalucía…No se puede aceptar».

–En otros momentos era precisamente la Consejería la que reprochaba al CGPJ que no convocara las plazas anunciadas.
–«Claro, porque ahora están las plazas, pero parece que el Gobierno andaluz no tiene capacidad para ponerlas en marcha. Y es que no se sabe muy bien qué está haciendo la Junta porque ni está invirtiendo en infraestructuras, ni se invierte en la nueva Oficina Judicial, ni en nuevos órganos. Andalucía tiene el grave problema de que es una comunidad muy grande, con más de 800 órganos judiciales. Por tanto, no es lo mismo que se creen 15 órganos aquí que 11 en Galicia. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final se acentúan todos los problemas porque la ratio de jueces por habitante ya es inferior en Andalucía a la media nacional y prácticamente el 25 por ciento de los órganos con más volumen de entrada de asuntos de España está en Andalucía. Por eso era necesario que el Gobierno andaluz hubiera hecho un sobreesfuerzo. No hay que darle muchas vueltas en la interpretación. Está clara. La Justicia no es una prioridad para la Junta de Andalucía».

Además del económico, a la Justicia andaluza también le han afectado otros factores como el político. La ida de Manuel Chaves a Madrid ha acabado provocando tres reorganizaciones completas del Consejo de Gobierno. En Justicia ha habido tres titulares –Evangelina Naranjo, Begoña Álvarez y Luis Pizarro–, dos traspasos de cartera y un cambio de área. De Justicia y Administración Pública se pasó en marzo de este año a Gobernación y Justicia. Antonio Dorado lo interpreta como un «paso atrás» porque «ahora se percibe la Justicia como un apéndice de Gobernación». En relación a la idoneidad o no de que los titulares de Justicia tengan conocimientos sobre la materia –Pizarro no tiene estudios superiores y Evangelina Naranjo es ingeniero agrícola–, señala: «No tiene por qué. Lo más importante es que consigan los objetivos propuestos. Luis Pizarro tiene peso en el Consejo de Gobierno y eso levantó expectativas, pero el verdadero problema es que la Justicia no es una prioridad».

La posible redimensión del estado de las autonomías también salpica al área judicial. La Junta tiene las competencias transferidas desde hace más de una década. ¿Hacia dónde se podría incardinar este debate? Según Antonio Dorado, «hacia un crecimiento tecnológico conjunto y a conseguir el objetivo del ‘papel cero' en los juzgados, que cuenten además con sistemas interconectados». La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán frenó el artículo 97 del texto, que hacía referencia a que el Consejo de Justicia era el «órgano de gobierno del Poder Judicial en Cataluña». Esta decisión marcó un punto de inflexión en la carrera por la descentralización regional. «La Constitución –continúa Dorado–dice claramente quién es el órgano de gobierno de los jueces, que es el CGPJ, que tiene las competencias disciplinarias o de inspección. De ahí que la fórmula catalana, a diferencia de la andaluza, no tuviera encaje. Asimismo, la creación de 17 consejos autonómicos de Justicia no tiene ahora mismo ningún sentido. Es distraer la atención sobre otros problemas más importantes. El ciudadano lo que demanda en este momento es una Justicia ágil y rápida, que le solucione los problemas y el enorme atasco que hay en los juzgados. Luego, ya nos plantearemos otras cosas».

–La decisión se hizo esperar, pero finalmente hubo «fumata blanca» en la elección del presidente del TSJA.
–«Había muy buenos candidatos. El CGPJ está compuesto por 21 miembros y hacía falta una mayoría de 13, de ahí que fuera difícil. Estoy convencido de que Lorenzo del Río lo va a hacer muy bien».