El Gobierno auditará las cuentas de todas las empresas públicas

MADRID-El Gobierno dio el viernes el primer paso para reestructurar y racionalizar el sector público empresarial. La necesidad de recortar gastos de donde se producen innecesariamente para cumplir con el plan de ajuste acordado con el Eurogrupo, así como de introducir criterios de racionalidad en su funcionamiento, ha presidido esta iniciativa que quiere servir de acicate a las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

El plan aprobado por el Gobierno contempla la supresión, desinversión o agilización de la liquidación de un total de 80 sociedades mercantiles. Se cerrarán 24 empresas en las que el Estado participa por encima del 50%, se venderá la participación accionarial en otras ocho, se liquidarán 13 y se venderán participaciones minoritarias en otras 35 sociedades.
Eludir controles

Lo que no se dijo ayer al término del Consejo de Ministros es que el Gobierno tiene previsto encargar las correspondientes auditorías de todas las empresas públicas estatales con independencia de si serán cerradas, liquidadas, vendidas o continuarán en la órbita del sector público.

No se trata de que el Gobierno haya detectado irregularidades en la gestión de estas empresas, como aseguraron ayer a LA RAZÓN fuentes del Gobierno. Se trata de una medida de racionalidad económica en tiempos de ajuste. «Muchas de las empresas públicas sobre las que el viernes se tomó una decisión no eran necesarias».

Según fuentes consultadas por este diario, las empresas públicas han servido en mucho casos para la creación de puestos directivos que han sido cubiertos teniendo en cuenta más las razones de amistad y/o fidelidad que la cualificación profesional.

Directivos de confianza
En la nota de prensa difundida tras el Consejo de Ministros se destaca el número de consejeros suprimidos en la reordenación aprobada (154, en su mayoría de los ministerios de Hacienda y Fomento) y el subsiguiente ahorro económico anual, que se aproxima a los 1,1 millones.

La reordenación del sector público tiene mucho que ver con las necesidades de ajuste del déficit de las administraciones públicas para los dos próximos años. Las empresas controladas por el Estados, las comunidades autónomas o las corporaciones locales han servido para eludir los controles presupuestarios al no contabilizarse las pérdidas a efectos de la Unión Europea y escapar del régimen retributivo fijado para los funcionarios.

Aún hay «joyas de la corona»
El estado mantiene aún importantes participaciones accionariales en empresas. La mayoría son fruto de opciones de «greenshoe» no ejercidas durante sus salidas a bolsa y que tienen un valor importante. Un 20% de Red Eléctrica, el 2,71% de IAG (la fusión entre Iberia y British Airways), Hispasat (7,41%), EADS (5,47%) o Enagas (5%).