Hay que cerrar el grifo

Los informes trimestrales del Banco de España sobre el endeudamiento de las administraciones públicas ofrecen una fotografía fija en los últimos años que deja en evidencia a una parte de la gestión pública, especialmente de los entes regionales. El del tercer trimestre de 2011 no ha sido una excepción, si bien en relación con el trimestre anterior permite alguna lectura más esperanzadora tras una moderación en la subida que parece recoger ya los efectos de las políticas de contención de los gobiernos populares. Pese a todo, la deuda de las comunidades marcó un nuevo máximo histórico. Las autonomías acumularon un agujero de 135.151 millones de euros, lo que supone un aumento del 22% en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunque sólo un 1,4 por ciento más en términos intertrimestrales. El compromiso de estabilidad presupuestaria de los nuevos gobiernos, plasmado en duros planes de ajuste, ha provocado una corrección aún leve, pero significativa si se tiene en cuenta que esta secuencia de gasto viene de lejos y parecía formar parte del ADN del estado autonómico. Hasta el punto de que se intentaron salvar los límites impuestos a la deuda mediante cambalaches como financiarse de forma incontrolada a través de entidades públicas, especialmente entre los años 2007 y 2010, con números rojos casi incontrolables.

 La deuda del conjunto de las administraciones públicas ascendía a 30 de septiembre a 706.340 millones de euros, casi un 15% más que un año antes, pero sólo un 0,5% superior respecto al anterior trimestre, lo que equivale al 66% del PIB. A tres meses del final del año parece imposible que España no sobrepase el límite del 60% fijado por la UE, y que se sumaría al incumplimiento en déficit público. El desfase en las cuentas públicas perjudica la confianza de la que España no anda sobrada. Y esto tiene que cambiar con celeridad. Rajoy se ha comprometido con Europa a una estricta disciplina fiscal y estamos convencidos de que pondrá los medios para ello. La voluntad de la mayoría de los mandatarios autonómicos es no gastar más de lo que se ingresa y los esfuerzos en este terreno, que recoge el práctico estancamiento en el tercer trimestre, deben ser mayores. La herencia recibida, agravada por la deuda oculta socialista, ha empujado a las comunidades a encrucijadas casi imposibles, pero es preciso entender que si no se cierra el grifo de una vez, la inundación terminará por ahogarnos a todos. La regla de oro del equilibrio presupuestario incluida en la Constitución, que dará paso a leyes de estabilidad, es fundamental. Como en Europa, hay que partir de la convicción de que los incumplidores no pueden tener el mismo trato que los estrictos y rigurosos. La disciplina férrea es un seguro y un salvavidas para todos.