Seguridad hipotecaria

El incremento de los desahucios a causa de la crisis ha generado una gran alarma social y había que dar respuesta a los que afectan a las familias que se encuentran en grave necesidad económica. Una emergencia social con condicionantes complejos y aristas no menores. Tras la negociación con el primer partido de la oposición, el Gobierno actuó ayer con la sensibilidad y la urgencia que la ocasión requería para casos extremos. El decreto de protección de los deudores hipotecarios, aprobado ayer en el Consejo de Ministros, es la respuesta esperada. Desarrolla instrumentos paliativos que atenderán de forma inmediata a gentes en condiciones excepcionales. El decreto-ley creará un «fondo social de viviendas» destinadas al alquiler para personas que hayan perdido su casa y paralizará los desahucios durante dos años para colectivos desfavorecidos y que cuenten con un umbral de renta específico. En concreto, se podrán acoger quienes tengan un nivel de renta inferior a tres veces el índice Iprem (unos 1.600 euros mensuales) –una renta anual de 19.200 euros–, familias numerosas, con menores de tres años a su cargo, personas en situación de incapacidad o dependencia, deudores en paro y sin prestación por desempleo y determinados casos de violencia de género. En principio, el decreto parece suficiente para ofrecer soluciones a familias en circunstancias desesperadas. Pero conviene no perder la perspectiva ni precipitarse en un campo en el que los equilibrios y las garantías son clave para no provocar daños colaterales difícilmente reconducibles. El sistema financiero e hipotecario se asienta en la seguridad jurídica. Uno sin la otra provocaría un perjuicio severo que afectaría a la actividad, la confianza y el crédito, por lo tanto preservar ese binomio es garantizar una baza capital para la sociedad. La ayuda a esos hogares en situaciones límite resulta necesaria, pero salvaguardar los derechos de todos los implicados y los equilibrios de la arquitectura hipotecaria, lo es igualmente. Una cosa no puede ir en detrimento de la otra.

En cuanto a la vertiente política, el PSOE ha quedado retratado en este proceso negociador sobre los desahucios, en el que se descolgó a última hora de un acuerdo que parecía encaminado tras muchas horas de conversaciones y entendimiento. Tendrá que explicar a la opinión pública las razones de su espantada, como también los motivos por los que los gobiernos socialistas concluyeron que «había medidas suficientes» en 2011. En la decisión de Pérez Rubalcaba pesó en exceso un tacticismo mal entendido y peor concretado. El Gobierno ha cumplido con su deber en un asunto difícil, en el que estableció un orden de prioridades y actuó en consecuencia.