Rafael Hurtado: «La Junta no quiere reconocer que ha recortado en sanidad y en enseñanza»

SEVILLA- CSIF-A celebrará el 7 de marzo, antes de las elecciones autonómicas, su VI Congreso. Su presidente, Rafael Hurtado, defiende la labor del sindicato.

–¿Por qué es tan fácil despedir a un trabajador en la empresa privada y tan difícil en el sector público?
–Lo primero que tenemos que tener claro es qué es un empleado público y qué es un trabajador de la empresa privada. Porque ninguno de los dos dependen de los mismos convenios, ni tienen los mismos derechos adquiridos ni tampoco los métodos de control y de seguimiento son similares. De todos modos, la leyenda urbana de que es imposible despedir a un empleado público es simplemente eso, porque existen métodos y procesos para ello.

–¿Sobran funcionarios?
–No. Personalmente considero que no sobran empleados públicos, si tomamos al empleado público como aquel que ha obtenido su plaza mediante los criterios de mérito, capacidad y publicidad. Además, los servicios básicos para la ciudadanía como la sanidad o la enseñanza se verían dañados y el usuario es el que finalmente sufriría esos recortes. El problema es que la Administración considera empleado público al que no lo es. Y eso no es admisible. Reiteramos que nunca nos hemos opuesto, en este sentido, a una reordenación del sector público, que incluso si me apura puede hasta ser necesaria. Pero nos hemos opuesto a esta reordenación por el modo dictatorial e imperativo que ha utilizado en todo momento la Administración Pública Andaluza.

–¿Hay que revisar y flexibilizar los convenios colectivos también en el ámbito público?
–Son dos asuntos distintos, porque no es igual un convenio público que uno privado. Los convenios del sector público se negocian y actualizan cada cuatro años y ahí es donde se plasman las normas y se trata esa dureza o flexibilización.

–Los tribunales han anulado la integración del personal laboral en todas las agencias administrativas. ¿Qué está haciendo CSIF para comprobar que se cumplen las sentencias?
–Desde que la Justicia comenzó a darnos la razón ante todo el entramado jurídico que la ilegal e injusta Ley de Reordenación del Sector Público, CSIF-A lleva a cabo un seguimiento constante del cumplimiento de esas sentencias. Hemos solicitado que el personal que no tenía que integrarse ilegalmente en esas agencias no utilice las cuentas corporativas, no puedan acceder al sistema de gestión de las agencias y no tengan responsabilidad en las acciones ejecutivas, entre otras medidas.

–¿Cómo cree que acabará la reordenación del sector público?
–Espero, confío y deseo que acabe en la derogación, que es la medida que CSIF-A ha defendido y solicitado desde que todo este entramado contra los derechos de los empleados públicos comenzó.

–La Junta dice que en Andalucía no hay recortes, pero ustedes los han denunciado en sanidad, incluso con eliminación de camas hospitalarias
–La Junta no quiere reconocer que ha recortado en sanidad y en enseñanza. Como tampoco reconoce otros tantos recortes. En ese sector, concretamente, se han reducido inversiones, contrataciones temporales y apoyo en algunos servicios que al que finalmente repercuten es al usuario, que ve cómo el servicio en algunas unidades hospitalarias se ve reducido ostensiblemente y cómo se saturan las instalaciones sanitarias. De hecho, casi a diario tenemos en los medios de comunicación denuncias sobre cierre de espacios hospitalarios, retiradas de camas, etcétera.

–También han apuntado retrasos en la Ley de Dependencia
–Es otro ejemplo. Y que tampoco es reconocido por la Administración. CSIF-A ha puesto de manifiesto también este recorte y la utilización de sus dotaciones para otros menesteres, dejando sin efecto expedientes y acumulando de trabajo a los funcionarios.

–¿Para cuando la modernización de la justicia?
–Es un asunto que la sociedad española lleva demandando desde hace varias décadas. Necesitamos una Justicia del siglo XXI para una sociedad del siglo XXI, no la saturación que sufren los juzgados y la excesiva carga de trabajo que sufre el personal de la Administración de Justicia. En este sentido, hemos presentado un dossier de medidas y de modos de actuación a la Consejería de Justicia que no fue ni siquiera estudiado por la Administración.

–Han sido críticos con el déficit inversor en educación en Andalucía, por debajo de la media española ...
–Porque tan recorte es no renovar al profesorado interino, como se ha hecho en otras comunidades, como no aumentar la tasa de reposición como corresponde: sin cumplir con los compromisos pactados y aumentando la ratio de alumnos por profesor también se recorta. Y, como en sanidad, los que sufren los recortes encubiertos son los empleados públicos y los usuarios, en este caso los alumnos y sus padres. Y, por ende, la calidad de la enseñanza en Andalucía, que no pasa por su mejor momento precisamente.

–Ustedes se personaron como acusación en el caso de los ERE. Con la información que ya tienen, ¿creen que un director general es el único responsable de la falta de procedimiento con el que se repartieron millones de euros?
–No vamos a hacer manifestaciones publicas sobre un proceso judicial abierto y que está sub iudice y en el que CSIF-A está personado para defender los intereses de todos y cada uno de los andaluces, especialmente los de los trabajadores. El tema es suficientemente grave para que se depuren responsabilidades por la presunta utilización de un dinero destinado para los parados y los más necesitados a otros fines presuntamente delictivos.

–¿Apoyan la delegación de competencias del Guadalquivir?
–Apoyamos la medida que menos afecte a los intereses y a los derechos de los empleados públicos que sufren este galimatías jurídico que las administraciones se han traído con el Guadalquivir. La importancia del río para la región es igual que la que tienen sus empleados para la gestión del Guadalquivir. Por eso merecen ser tratados con el debido respeto sus puestos y sus derechos.