Nicolás defiende la sanidad pública y gratuita para todos los murcianos

Murcia- Tal es así, que ayer el Partido Popular anunció que pedirá al nuevo gobierno una sanidad con financiación suficiente y exigirán el pago de la deuda histórica por el aumento de la población. Así lo puso de manifiesto en El Palmar la cabeza de lista del PP por Murcia al Senado, María José Nicolás, quien volvió a reivindicar una sanidad pública y gratuita, «no llega a Murcia la financiación correspondiente al millón y medio de habitantes que tenemos en la Región, sino en función de tan sólo un millón. Por ello, una de las primeras medidas en materia sanitaria de Mariano Rajoy, a partir del 20 de noviembre si consigue la confianza de los ciudadanos para ser presidente, será financiar adecuadamente a las comunidades autónomas, sobre todo, en función de su número real de habitantes».

Junto a Nicolás, las candidatas al Congreso Ascensión Carreño y María Dolores Bolarín, así como la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia, María del Carmen Pelegrín, visitaron el Centro de Fibrosis Quística en el que cada año reciben asistencia fisiorespiratoria más de doscientos pacientes.

Asimismo, la candidata a la Cámara Alta apuntó que estas instalaciones «simplifican lo que desde el Partido Popular planteamos en nuestro programa electoral en materia de sanidad, igualdad para dar servicio a todos los ciudadanos y racionalización en el gasto, sacando el mayor partido posible a los recursos». Y es que, este centro que es pionero en España, está siendo financiado por la Comunidad Autónoma desde hace bastantes años.

Por otro lado, pero también en el ámbito sanitario, los sindicatos UGT, CCOO y Satse, que representan el 77 por ciento de los trabajadores en el sector, solicitaron ayer la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Sanidad y la presencia en ella de la consejera del ramo, María Ángeles Palacios. Esta petición responde, según las organizaciones sindicales, a la política de «hechos consumados sobre las condiciones de trabajo de todos los empleados públicos, negociados exclusivamente en esa mesa», a la que consideran «ilegítima». En este sentido, consideran «inadmisible saltarse los órganos democráticamente elegidos».