La Comunidad vence ante el juez a los camisetas verdes

Madrid-Ni el más leve indicio de delito en las críticas vertidas por el hoy consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, contra la Asociación de Vecinos de Plomeras Bajas y de la Federación de Madrid de Asociaciones de Padres de Alumnos Giner de los Ríos, por el beneficio obtenido de las ventas de las camisetas en protesta por la política educativa del Gobierno regional y su posterior denuncia ante la Agencia Tributaria por «lucrarse» con ellas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha inadmitido de plano la querella interpuesta contra el consejero por los delitos de injurias o calumnias en un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, al entender que las manifestaciones en cuestión se enmarcan en el debate surgido en la Asamblea de Madrid y donde el entonces responsable de Asuntos Sociales se limitó «a servir de instrumento para materializar las iniciativas decididas por el partido político en el que ejerce las funciones de presidente de su comité jurídico y para informar a través de los medios de comunicación y de la página web del PP de la puesta en marcha de tales iniciativas».

Entre esas iniciativas figuraba la denuncia ante la Agencia Tributaria, toda vez que, según señaló entonces, los comerciantes de esas camisetas habrían conseguido al menos unos 51.000 euros y un beneficio limpio de más de 20.000 euros que no declararon al fisco.
En la resolución de la Sala Civil y Penal del TSJM, de la que ha sido ponente el presidente del mismo, Francisco Javier Vieira, se insiste en que los hechos denunciados contra el consejero mencionado hay que enmarcarlos dentro del debate político: «En la contienda política surgida a consecuencia de las restricciones presupuestarias aplicadas en el sector de la enseñanza pública», la acción del hoy responsable de Justicia y Presidencia de la Comunidad de Madrid «se enmarca en la estrategia política» frente a la contraria «de los grupos políticos rivales».
Pero, incluso, añade la decisión del tribunal, las expresiones atribuidas al consejero «nunca rebasan la libertad de expresión y de información». Es más, la decisión del TSJ destaca al respecto que algunos de los datos revelados por Salvador Victoria «se han revelado ciertos» o, al menos, ni siquiera se cuestionaron en la querella. Y, en concreto, el hecho de que «determinadas entidades han vendido camisetas en las que se plasman mensajes reivindicativo», que esas camisetas se vendieron a un precio superior a su coste, «que las ganancias derivadas de la venta de esas camisetas han quedado al margen de cualquier tributación», así como que puso en conocimiento de la Agencia Tributaria y del juzgado de instrucción esos hechos.

En cuanto a las manifestaciones que realizó respecto a que se podría haber incurrido en un fraude fiscal, que calificó de «inmoralidad», la Sala sostiene que, «acertara o no en esas opiniones –en gran parte de contenido jurídico–, es evidente que su sola manifestación está amparada por el derecho a la libertad de expresión.
La Fiscalía ya solicitó el archivo de la querella, precisamente al entender que en este caso existía un «valor preponderante» del derecho constitucional a la libertad de expresión, tal como han puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional.