Las autonomías apoyan que los menores no hagan huelga

MADRID- Las autonomías gobernadas por el PP y otras de distinto signo político, como Cataluña, están de acuerdo con que los estudiantes menores de edad no puedan hacer huelga, tal y como ahora permite la ley de Educación vigente (LOE). Ayer quedó clara la práctica unanimidad que existe sobre este asunto entre las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de Educación que se celebró en el Ministerio, aunque no se habló específicamente de este asunto, sino más bien de generalidades.

Sin embargo, muchos consejeros dejaron clara la conveniencia de que este asunto quede regulado en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa que prepara el ministro de Educación, tal y como adelantó LA RAZÓN. El consejero de Castilla y León, Juan José Mateos, manifestó que «los estudiantes menores no deben tener derecho a la huelga porque no es lo mejor para la educación, no es la solución a los problemas». La consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, fue contundente: «La huelga es un derecho de los trabajadores, de quienes trabajan en el ámbito de la enseñanza y no de los menores que buscan el derecho a hacer novillos y faltar a clase sin sanción».

En la misma línea se expresó la consejera valenciana de Educación, María José Catal, quien se mostró de acuerdo con que la reforma educativa suprima lo que se conoce como «novillos colectivos» porque «es un periodo muy convulso, y si se quiere luchar contra el fracaso escolar se trata de que los alumnos vayan a clase», informa Ep.
También respaldan la decisión la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, además de Cataluña.

En el polo opuesto se encontraba ayer el Sindicato de Estudiantes, que ayer recordó que secundará la jornada de huelga general del próximo 14 de noviembre en defensa de «una educación pública de calidad y de un puesto de trabajo digno al terminar los estudios» en lo que, a su juicio, supone una respuesta «contundente a esta nueva agresión del PP» contra este colectivo, al considerar que pretende suprimir el derecho a huelga entre menores de edad. Más aún, le responsabilizó de intentar «acabar con la democracia en los institutos».
La ley vigente permite que los alumnos, a partir de tercer curso de la ESO, puedan faltar a clase para reunirse, si antes lo ponen en conocimiento del director, sin que eso suponga sanción o falta. En la práctica, esta disposición supone dar una cobertura pseudo legal a las huelgas estudiantiles. De hecho, los expertos aseguran que este artículo se incluyó en la LOE a última hora como una concesión del PSOE al Sindicato de Estudiantes para que apoyara esta reforma educativa en un momento de debilidad. La medida fue muy batallada por el PP entonces.

Selección del profesorado
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, anunció ayer tras una reunión de más de cuatro horas con los consejeros que dará un margen de un mes más para mejorar la reforma educativa con nuevas aportaciones. También anunció que en la reforma legal incluirá en su articulado aspectos relacionados con la selección y la promoción del profesorado. No obstante, aspectos como éste tendrán un desarrollo posterior en el Estatuto del Docente.
Los consejeros del PP dejaron claro que hay más puntos de encuentro que de desacuerdo sobre la reforma educativa que prepara Educación. El consejero de Educación, Marcial Marín, se convirtió en el improvisado portavoz de los populares y apuntó que la reforma contemplará una mayor autonomía de los centros, mayor libertad para elegir centros y un sistema educativo basado en la evaluación para conseguir llegar a 2020 con un porcentaje de abandono de las aulas del 15% como máximo, en lugar del 30% actual. Andalucía, País Vasco y Cataluña fueron las CC AA más críticas, aunque también se mostraron dispuestas as seguir dialogando.

De hecho, la consejera andaluza pidió más tiempo al Ministerio para analizar la nueva ley porque «una reforma de calado no se puede dialogar en dos meses». También rechazó las reválidas porque «cuestionan la evaluación continua y convierten la educación en una carrera de obstáculos». Cataluña volvió a pedir la retirada de un anteproyecto de ley que considera que invade competencias autonómicas.