El TSJA constata que la Junta delega en sus empresas de manera ilegal

La Razón
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SEVILLA- El reiterado abuso de la figura de la encomienda de gestión por parte de la Junta de Andalucía ha sido constantemente denunciado por los sindicatos de funcionarios. En la práctica, esta posibilidad que permite la ley bajo determinadas circunstancias, ha permitido a la Administración autonómica trasladar competencias propias a empresas públicas, en la que el personal laboral de estas sociedades eran los que gestionaban lo que le ordenaba el Ejecutivo andaluz. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la que ha tenido acceso este periódico señala que «se está encomendando el ejercicio de potestades administrativas para la realización de unas tareas que exceden del contenido legal que la Fundación pueda tener»

La sentencia responde a un recurso interpuesto por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) contra una encomienda a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), una de las empresas de la «administración paralela» más utilizada para este tipo de actuaciones. La Consejería de Empleo le encargó la gestión de un programa de formación para el empleo, que, para el sindicato recurrente, conllevaba el ejercicio de potestades administrativas por parte del personal de Faffe, que no son empleados públicos sino contratados «a dedo».

Tras analizar el contenido de las tareas encomendadas –desde la comprobación de los controles de seguimiento y pruebas que conlleve la enseñanza programada al grado de realización del plan–, el Alto Tribunal Andaluz concluye que los trabajadores de Faffe tendrán que ejercer potestades administrativas reservadas a los funcionarios: «No entendemos que esa verificación pueda ser meramente testimonial, para que comprobado el nivel de cumplimiento o incumplimiento las cosas sigan tal cual, sin consecuencias jurídicas». Entiende el TSJA que, de limitarse a una mera asistencia técnica, «la encomienda devendría en completamente inútil».
El fallo recalca que «se está encomendando el ejercicio de potestades administrativas para unas tareas que exceden del contenido legal que esta institución puede tener».

También recuerda a la Administración autonómica que «la suficiencia o insuficiencia del personal del Servicio Andaluz de Empleo no puede constituir motivo admisible para encomendar determinadas gestiones a costa de sacrificar principios esenciales».

Después de la polémica ley de reordenación del sector público empresarial, Faffe, como otros entes instrumentales de la Junta de Andalucía quedó extinguido. En su caso, forma parte ahora de la Agencia del Servicio Andaluz de Empleo. El personal laboral de este ente sigue trabajando en esta agencia administrativa.