La estricta «dieta» de La Moncloa

MADRID- El Gobierno se presentó ayer en el Congreso con un plan de reformas por «la austeridad, la transparencia, la responsabilidad y la regeneración democrática», según detalló la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, en la comparecencia para informar del programa de su Departamento.

Todavía quedan «muchas más impopulares medidas por adoptar y más ajustes», que llegarán con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de marzo, adelantan desde Moncloa. Pero en paralelo el Gobierno quiere trasladar el mensaje ejemplarizante de que él también se aprieta el cinturón y aumenta su compromiso con la transparencia. Esto pasa por la reducción de altos cargos y por la publicación de sus sueldos, como adelantó LA RAZÓN el pasado lunes; por la reorganización también en términos de ahorro de los viajes de los ministros; por la reestruturación del sector empresarial público (comunidades tienen un mes de plazo para presentar su informe); o por la anunciada reforma del Código Penal para tipificar como delito las infracciones de gestores públicos, que estará aprobada antes del verano.

- AUSTERIDAD
Según los datos ofrecidos por Sáenz de Santamaría, el Gobierno ha eliminado casi un 20 por ciento de altos cargos, lo que supone un ahorro de gasto en personal de 4,4 millones de euros. Además, ha puesto en marcha un plan de reorganización del uso de los medios materiales a su disposición. Esto afecta a los viajes, en los que limita estrictamente el uso de aviones oficiales –quedando prohibido su uso para actos de partidos–, reduce las delegaciones que acompañan a los ministros al «mínimo imprescindible» y además establece mecanismos obligados de coordinación cuando varios miembros del Gobierno coincidan en la misma comitiva. En paralelo, implementará un proyecto de centrales de compra entre ministerios y revisará el gasto en alquileres para sedes de instituciones del Estado.

- SUBVENCIONES
La vicepresidenta confirmó ayer que el Gobierno reformará la Ley de Subvenciones para prohibir con carácter general las nominativas. Sindicatos y empresarios asumirán una reducción en sus aportaciones de 55 millones de euros; y los partidos del 20 por ciento (otros 30 millones de euros).

- TRANSPARENCIA.
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno estará antes del 30 de junio. En ella, el Ejecutivo armonizará las obligaciones de transparencia en la publicación de actividades y bienes entre parlamentarios, miembros del Gobierno y otros altos cargos. «El objetivo no es solo que sean las mismas para todos, sino que sean las máximas», precisó la vicepresidenta.

- GESTORES PÚBLICOS
Esta ley del Buen Gobierno recogerá, asimismo, el catálogo de obligaciones legales de los gestores públicos, lo que irá acompañado de una ley orgánica complementaria que modificará el Código Penal para tipificar como delito las infracciones más graves. Estará sancionado el incumplimiento de los límites de déficit y endeudamiento; que se asuman compromisos de gasto u obligaciones sin crédito suficiente para su financiación; que se eluda el reflejo contable de las obligaciones asumidas, es decir, las facturas no contabilizadas; y que no se colabore o se aporte la documentación requerida por los órganos de fiscalización contable. «Para todos ellos habrá consecuencias. No sólo administrativas, sino incluso penales», de acuerdo con los criterios de intencionalidad, grave negligencia, quebranto a la Hacienda Pública o perjuicio de los servicios que se financian.

- REGULADORES
La reforma de los organismos reguladores suprimirá el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, previsto por la Ley General Audiovisual aprobada por el Gobierno socialista (el coste previsto para su puesta en marcha era de 6,5 millones de euros); y la Comisión Nacional del Juego, creada también en la etapa del PSOE (en este caso la previsión de coste se elevaba a los 11 millones de euros). Sáenz de Santamaría reiteró que el Gobierno está decidido a reducir al mínimo el número de organismos reguladores y a perfeccionar la independencia de los nombramientos, pero no dio más detalles de la reforma que prepara.

- CNI
En febrero se aprobará la Directiva Anual de Inteligencia y el Gobierno impulsará un nuevo Estatuto de Personal del Centro, para dotarlo de «una mayor profesionalización y ampliar su contribución a los objetivos nacionales del país».

- REVISIÓN DE RTVE
A partir de una auditoría completa de las cuentas reformarán todos los ámbitos en los que crean que «es posible ser más eficiente».

LOS AVISOS
Tono sosegado y acostumbradas suaves maneras con sonoros recados para las minorías. A ERC, que basta de lecciones de democracia; y al PNV, que la mejor defensa de los derechos humanos es la Constitución. PNV, Amaiur y ERC pedían otro plan de Derechos Humanos como el que aprobó Zapatero.

LA LUPA
Una vicepresidenta omnipresente con multitud de tareas de responsabilidad
Podría decirse que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no tendrá casi tiempo para respirar. Al menos, a tenor de todas las tareas y funciones a las que tendrá que hacer frente. El BOE publicó ayer la nueva estructura del Ministerio de la Presidencia, según la cual, a Sáenz de Santamaría le corresponden, entre muchas otras, la coordinación de asuntos de relevancia constitucional, la preparación, desarrollo y seguimiento del programa legislativo; el apoyo a la Presidencia; la asistencia al Consejo de Ministros, a las Comisiones Delegadas, a la de Secretarios de Estado y Subsecretarios y, en particular, al Gobierno en sus relaciones con las Cortes; la coordinación interministerial que le encomienden; la coordinación de la política informativa o las relaciones con las Delegaciones del Gobierno. Así, hasta 16 funciones de control, coordinación o apoyo. Y todo, «sin aumento de coste de funcionamiento».