Advierten del riesgo de proliferación de plagas en la Cañada Real

Según este experto, esas plagas "pueden suponer en un momento determinado algún riesgo para la salud no sólo de los animales, sino de las personas".

Así lo ha puesto de manifiesto en una comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Asamblea de Madrid, a la que ha sido llamado por el grupo popular para dar su opinión sobre el proyecto de Ley de la Cañada Real que tramita dicha comisión, junto a juristas e ingenieros de reconocido prestigio.

El presidente de los veterinarios madrileños les ha dicho a los políticos que "se está haciendo un mal favor, si no se busca otro uso o no se da solución a esa vía pecuaria", y les ha urgido a que la Cañada "se regule, se ordene y se le dé la funcionalidad adecuada".

"¡Hagan algo ya! Veo que sus opiniones están muy cercanas y desde fuera se ve que están mucho tiempo dando vueltas a las cosas", ha regañado a los representantes del PP, el PSOE e IU.

En su comparecencia, Felipe Vilas ha aprovechado para pedir a la Cámara que "haga lo posible por apoyar al sector agrícola y ganadero"en la Comunidad de Madrid, y se ha mostrado convencido de que "si no se hace, a largo plazo se pagará".

A su juicio, el Gobierno regional debería "empezar a pensar en incorporar a jóvenes"ajenos a este sector por la vía de la formación.

"El sector está carente de mano de obra, de profesionales, y eso se pagará, porque ellos son garantes del medio ambiente; donde ellos están y están las explotaciones se está conservando el medio ambiente y eso no es invadido por el hombre y su vehículo", ha argumentado.

También ha comparecido el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid Ángel Menéndez Rexach, que ha opinado que no se deberían enajenar los terrenos de la Cañada Real sin que previamente esté aprobada su ordenación urbanística y ha propuesto aclarar en el texto que, cuando se habla de ocupantes a los que está permitido ceder los terrenos desafectados, son ocupantes "legales".

A juicio de este experto jurista, la "secuencia"debería ser la siguiente: aprobación de la ordenación urbanística de los terrenos (de común acuerdo), legalización de usos y actividades y enajenación de los terrenos a los ocupantes sin título.

El profesor Menéndez Rexach ha explicado que la regulación que ha hecho Andalucía le parece "razonable"y ha coincidido con el PSOE en la conveniencia de establecer un "itinerario alternativo".

Para el abogado especializado en gestión urbanística Armando Mucientes, ex viceconsejero madrileño de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con el Gobierno de Esperanza Aguirre, la desafectación tiene que ser el procedimiento "previo"a la ordenación urbanística.

Su secuencia es: patrimonialización (titularidad de los terrenos a la Comunidad de Madrid), ordenación urbanística y gestión urbanística.

Mucientes ha hecho hincapié en que la gestión urbanística es fundamental, dadas las 2.600 construcciones que hay en el ámbito de la Cañada, y ha afirmado que disiente del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Galalrdón, cuando dice que todas esas construcciones son ilegales.

A su juicio, la inmensa mayoría tienen que ser ilegales, sobre todo las de después de 1978, pero puede haber situaciones en que haya títulos de propiedad que se pueden hacer valer ante un juez.

Carlos del Álamo, presidente del Colegio de Ingenieros de Montes, y consejero de Medio Ambiente en Galicia cuando ocurrió el vertido del 'Prestige', ha destacado que la Cañada Real Galiana no es un caso aislado en España, sino "quizá un caso extremo", y ha coincidido con el resto de comparecientes en la "imperiosa necesidad de reordenar ese espacio".

Se ha mostrado convencido de que puede haber zonas verdes en la Cañada cuando se recomponga urbanísticamente la zona y ha recordado que las vías pecuarias han sido zonas degradadas "por naturaleza", en las que la vegetación casi desaparecía por la carga ganadera.
Eugenio Martínez Falero, catedrático de la Universidad Politécnica y ex viceconsejero de Economía y Empleo de Madrid, ha dado la razón al grupo socialista en cuanto a que el planeamiento no puede restringirse a la anchura de "90 varas castellanas"que tiene el dominio público actual.