Dan respiro a miles de castellanos y leoneses con la Renta de Ciudadanía

Valladolid- Más de 3.200 castellanos y leoneses esperan como agua de mayo la entrada en vigor de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la ayuda de 425,6 euros -el 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), para cubrir las necesidades de aquellas personas que carecen de ingreso alguno y estén en riesgo de exclusión social.
La Junta dio luz verde el pasado jueves al reglamento de esta renta familiar, que no un subsidio, que entrará en vigor el próximo año y que cuenta con más de 27 millones de euros en el proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León para el 2011. El Gobierno popular de Juan Vicente Herrera está preparado para hacer frente a una demanda de hasta seis mil perceptores. Una situación, que dependerá de cómo evolucione el desempleo y la economía en los próximos meses. Aunque tal y como están las cosas y con las poco halagüeñas perspectivas de futuro, no parece nada descabellado pensar que se pueda llegar a los seis mil perceptores. Además, hay que tener en cuenta que el Gobierno de España suprimirá el próximo año el subsidio de 426 euros mensuales destinado a los parados de larga duración que hayan agotado todas sus prestaciones, que sustituirá por cursos.
Por este motivo, y ante una más que previsible oleada de peticiones, desde el Gobierno regional se está trabajando intensamente para tener todo bien atado con el objetivo de que toda la maquinaria y la estructura administrativa prevista esté a pleno rendimiento para cuando el Boletín Oficial de Castilla y León publique la entrada en vigor de esta normativa.
De hecho, la Junta dispone de un programa informático específico, y tiene preparados a setenta funcionarios que trabajarán exclusivamente en este asunto, para agilizar los trámites y que aquellos que cumplen con los requisitos puedan empezar a cobrar esta ayuda lo antes posible.
Según se desprende del texto, una vez cumplimentada la solicitud, los beneficiarios de esta ayuda de 426 -sólo deberán esperar tres meses como máximo para empezar a cobrar ésta su primera «nómina».

Obligaciones
Desde la Junta insisten en que los beneficiarios tendrán también una serie de obligaciones que cumplir en función de su condición, si quieren cobrar esta Renta. Entre ellas, cabe señalar que los perceptores deben participar en los programas de empleo y en las condiciones específicas de inserción, orientación o formación que se determinen. Además, los beneficiarios dispondrán de un proyecto individualizado de inserción laboral específico, que será elaborado por lo propios profesionales de los centros de acción social. Esto es algo en lo que han hecho hincapié todos los que han participado en la elaboración del texto, Junta, PP, PSOE, agentes económicos y sociales o la Federación de Municipios y Provincias: «La Renta Garantizada de Ciudadanía es un paso más para la consolidación del estado social y de bienestar de Castilla y León, pero no puede convertirse en ningún caso en algo vitalicio y en una medida desincentivadora de acceso al empleo», coinciden en señalar.
Esta ayuda es un derecho recogido en la Ley aprobada en las Cortes regionales el pasado mes de agosto, que da respuesta a lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Los beneficiarios serán personas de entre 25 y 64 años con domicilio y que estén empadronados en algún municipio de nuestra Comunidad durante al menos un año antes de la presentación de la solicitud. No entran dentro de este baremo los emigrantes castellanos y leoneses retornados de otros países, las mujeres víctimas de malos tratos que hayan cambiado de hogar, extranjeros refugiados y los que se encuentren en una situación de extrema necesidad.
A partir de los 425,6 euros, el cálculo se va incrementando un 25 por ciento para la segunda persona, 532 euros; un 15 por ciento para la tercera, hasta los 596 euros; y un 10 por ciento para la cuarta y sucesivas (638 euros) hasta un máximo de 692 euros, el 130 por ciento del Iprem.

Un texto consensuado para luchar contra la exclusión social
Aunque la Renta Garantizada de Ciudadanía se ha aprobado con retraso, como dice el refrán, más vale tarde que nunca. Si algo ha caracterizado a este proceso ha sido el consenso y la implicación de todos los implicados a la hora de ayudar a los más necesitados y hacer frente a la exclusión social. Tanto desde la Junta de Castilla y León y el PP, pasando por el PSOE, los sindicatos CCOO y UGT, los empresarios y los municipios, representados a través de la Federación de Municipios y Provincias. Pero también, el consenso de todos para dejar bien claro que esta ayuda no es un subsidio vitalicio, sino una renta familiar excepcional y que conlleva una serie de obligaciones que los perceptores han de cumplir si quieren beneficiarse de la misma. La Gerencia Regional de Servicios Sociales será la encargada de asegurar que se aplica la Ley de una forma ágil y eficaz a través de la Comisión de Seguimiento. Un órgano que se reunirá de forma ordinaria dos veces al año y de forma extraordinaria a petición de su presidente o de dos de las instituciones representadas. Esta Comisión evaluará periódicamente los resultados y propondrá aquellas medidas que sean necesarias para mejorar la prestación.