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El fiscal no ve «provocación» en la grabación de Mercasevilla

El Ministerio se opone a la nulidad de la prueba del delito de cohecho por exigir una comisión de 450.000 euros

La Razón
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sevilla- El fiscal se opuso ayer a la nulidad del caso por la presunta petición de una comisión de 450.000 euros en Mercasevilla y ha negado que se trate de un «delito provocado» por los empresarios denunciantes.
El magistrado que presidirá el jurado que enjuiciará el caso celebró la vista de las cuestiones previas, en la que los abogados de los cuatro acusados han pedido que se declare nula la grabación que hicieron los empresarios de la reunión donde directivos de Mercasevilla les pidieron una comisión ilegal como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería que se iba a abrir en el mercado.
Además, la defensa –apoyada en este aspecto por el abogado que ejerce la acusación particular en nombre del PSOE– alegó que los imputados no eran funcionarios públicos, por lo que en todo caso deberían ser juzgados por un tribunal profesional y no un jurado popular.
A ello han respondido las acusaciones que, pese al carácter mercantil de Mercasevilla, se trata de una empresa con «clara función pública» que manejaba fondos públicos.
En este caso, primero de los cuatro sumarios de Mercasevilla que llega a juicio, están imputados sus ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, el ex delegado de Empleo Antonio Rivas y la funcionaria María Regla Pereira, única de los cuatro que ha acudido a la vista y se ha sentado en primera fila.
La Fiscalía pide para cada uno de los imputados 21 meses de suspensión para cargo público y 900.000 euros de multa, el doble de la cantidad presuntamente pedida como soborno.
El abogado de Mellet, José Manuel Carrión, ha pedido el archivo y sobreseimiento porque la grabación hecha por dos empresarios del Grupo La Raza en enero de 2009 es una prueba "viciada de nulidad"ya que el encuentro fue provocado para conseguir de sus interlocutores determinadas afirmaciones.
Según la grabación, los acusados comentaron a sus interlocutores que «en la Junta de Andalucía era normal reclamar este tipo de contribución», que la Junta «colabora con quienes colaboran con ella» y que el dinero debían entregarlo en un maletín «que dejarían olvidado en un despacho».
El fiscal, sin embargo, ha defendido la «plena licitud» de la grabación, que no vulnera el secreto de las comunicaciones y ha negado que se trate de un «delito provocado» porque la iniciativa de la reunión fue de los acusados.
En cuanto a su condición de funcionarios públicos, el fiscal ha afirmado que encajan en el «concepto penal de funcionario», aunque no haya ninguna sentencia que se ajuste «como anillo al dedo» y haya que acudir a las interpretaciones hechas en cada caso.
El letrado de los actuales responsables de Mercasevilla, que ejercen la acusación, ha considerado demostrada la «espontaneidad» de los imputados Mellet y Ponce a la hora de pedir el cohecho, pues «llevaron toda la iniciativa» y no fueron víctima de «ningún tipo de ardid».


Los prejubilados esperan cobrar esta semana
Los problemas judiciales y económicos rodean Mercasevilla. La suspensión de pagos de «Generali», encargada de hacer frente a las pólizas de los prejubilados del ERE de 2003, ha provocado que se vivan auténticos dramas en las familias afectadas. Manuel Blanco, director general, comunicó ayer al comité de empresa que espera que «esta misma semana» se paguen las nóminas adeudadas, pues la Junta, «efectivamente», ha pagado las primas pendientes. Por otro lado, el comité de empresa se reúne hoy para estudiar movilizaciones por la falta de aportaciones a la lonja en los presupuestos municipales de 2012.