ANÁLISIS: El pacto que no aceptó Rajoy por Marcos Pardeiro

El sueño de Artur Mas para lograr la soberanía fiscal de Cataluña en esta legislatura se desvaneció ayer en el palacio de La Moncloa después de una reunión de dos horas con Mariano Rajoy. Dicho en pocas palabras, lo que el presidente de la Generalitat buscaba es obtener un régimen de financiación similar al concierto económico del País Vasco, pero el presidente Mariano Rajoy se negó a ello alegando que ese modelo no tiene encaje en la Constitución.

¿Cuál era el objetivo de Mas?
–El modelo defendido por Mas fue aprobado por el Parlamento de Cataluña el pasado mes de julio mediante una resolución apoyada por Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya Verds, y parcialmente por el PSC. Con esta propuesta, los nacionalistas catalanes tenían por objetivo reducir (como mínimo a la mitad) el déficit fiscal de Cataluña respecto al resto de España. Según cifras de la Generalitat, este déficit es del 8 por ciento respecto a su PIB y representa 16.000 millones de euros anuales «que se van a Madrid y no vuelven».

¿Cuáles son las líneas maestras del modelo que propone el presidente catalán y qué reformas implica?
–La clave del pacto fiscal que Mas llevó ayer bajo el brazo al Palacio de La Moncloa consistía en reformar la Ley orgánica de la financiación de las comunidades autónomas (LOFCA) para crear una excepción catalana que le permitiera salir del régimen común. La nueva arquitectura financiera de la Generalitat debía basarse, según la propuesta de CiU, en crear una hacienda propia que le permitiera asumir «la plena capacidad de decisión sobre todos los tributos soportados en Cataluña», de tal manera que la recaudación, gestión, liquidación e inspección de todos los impuestos correspondiera a la Agencia Tributaria de Cataluña, abriendo la puerta, eso sí, a colaborar con la administración estatal.

¿Es un espejo del «modelo vasco»?
–Sí, porque el modelo de CiU también establecía una suerte de «cupo vasco». En el País Vasco son las diputaciones las que recaudan los impuestos, los gestionan y los liquidan. Al finalizar el año, se establece el cupo, es decir, se fija una aportación al Estado en concepto del coste de las competencias o de los servicios comunes que en este caso afectarían a Cataluña. CiU pretendía que esta aportación se revisase quinquenalmente tras acordarla bilateralmente con el Gobierno. Introducía, además, una cláusula fundamental: «Cataluña no puede perder posiciones respecto a su situación en capacidad fiscal una vez hecha su contribución a la solidaridad. Los recursos a la solidaridad deben destinarse a los servicios básicos del estado del bienestar teniendo en cuenta el esfuerzo fiscal».

¿En qué consiste el modelo del resto de autonomías?
–La Lofca es la ley orgánica que rige los recursos que gestionan las Comunidades. Éstas se financian a través de un porcentaje de los ingresos por los principales impuestos, como IRPF (un 50%) e IVA (otro 50%). A ello se suman los propios impuestos de cada Comunidad, como el céntimo sanitario, y los que cede el Estado, como las transmisiones patrimoniales, sucesiones, impuestos especiales sobre el transporte y tributos sobre el juego. Después el Gobierno lo reparte en función de variables como el porcetaje de cada comunidad en el PIB.