Montoro prevé multar a las comunidades que incumplan

MADRID- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas trabaja ya en el texto de la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria, que abordará con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de la próxima semana. Antes, esta tarde, el ministro Cristóbal Montoro se reunirá en la sede de Génova con los consejeros de Hacienda de las autonomías gobernadas por el PP, en lo que es la reproducción del mismo modelo operativo que utilizaba cuando era el responsable de Economía del partido en la oposición. La reunión en la sede del PP también estará presidida por la secretaria general y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.

Las comunidades que no son del PP se han quejado de este primer cónclave por entender que hay un trato preferente para las que están gobernadas por el partido del gobierno. Pero realmente lo que busca Montoro es allanarse el camino para el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la próxima semana, al que el Gobierno llevará en su agenda nuevos ajustes de gasto para las comunidades, empezando por la poda del sector público, así como el debate sobre la citada Ley de Estabilidad, un corsé para la autonomía de gasto de los «barones» territoriales. «El Gobierno ya ha asumido un coste con su primer ajuste del gasto público y con una subida de impuestos, y ahora toca que se mojen también las demás Administraciones Públicas», sostienen fuentes del equipo económico.

En esa Ley de Estabilidad Presupuestaria, que Mariano Rajoy se comprometió en campaña electoral a que fuera la primera que remitiese a las Cortes Generales, el Ejecutivo fijará techos de gasto y de endeudamiento, así como un sistema de penalización para aquellas comunidades que no cumplan con sus compromisos.

Fuentes solventes confirmaron a este periódico que para determinar ese sistema de penalización el Gobierno se inspira en la Unión Europea, en concreto en el Pacto de Estabilidad y en el sistema sancionador previsto en el mismo para los incumplimientos. Es decir, que baraja que en nuestro caso interno la penalización se concrete, entre otras actuaciones, en un sistema de sanciones económicas para aquellos gobiernos autonómicos que no cumplan con las condiciones establecidas en la futura ley. De mantenerse en la «rebeldía», el Ejecutivo central tendría potestad para acabar reteniendo a la comunidad incumplidora los pagos que le corresponderían dentro del sistema de financiación. Pero de llevarse a tal extremo el pulso, podría acabar en la quiebra, lo que ya no sería un problema para la comunidad contra la que se abriese la causa, sino para el propio Estado. Un supuesto que también se está teniendo en cuenta en los trabajos preparatorios de la nueva norma.

Ante la cumbre de esta tarde, y el próximo CPFF, el Gobierno quiere colocar el acento en los ajustes de gasto, pero enfrente tendrá a unas comunidades que encima de la mesa pondrán sus problemas financieros para responder a la cuantía del gasto social que cargan en sus Presupuestos. Esto supone llevar al centro de la diana el futuro del gasto sanitario, por supuesto también del modelo farmacéutico, o de la propia ley de Dependencia, entre otras cuestiones.