Reverte pide coordinación para mejorar los servicios

Murcia- La consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, reclamó ayer la necesidad de potenciar «la máxima coordinación entre las distintas comunidades autónomas para optimizar y homogeneizar los servicios que reciben los ciudadanos en toda España».
Reverte, que participa en Santiago de Compostela en el VIII Encuentro de Comunidades Autónomas para el Desarrollo de los Estatutos de Autonomía, planteó que todos los ciudadanos «deben tener las mismas oportunidades y recibir las mismas prestaciones en cualquier parte del territorio español», por lo que defendió el papel de este foro para la armonización de las normas que cada comunidad desarrolla en el ámbito de sus competencias.
Los Encuentros de Comunidades Autónomas, a los que la Región de Murcia se ha incorporado en esta edición, se han convertido en un foro de trabajo conjunto, colaboración y cooperación entre los distintos territorios con el objetivo de simplificar y armonizar leyes y reglamentos para ganar en eficiencia y dar mejor servicio a los ciudadanos. Las comunidades autónomas participantes en esta reunión acordaron ayer transformar los actuales Encuentros en una Conferencia de Gobiernos de Comunidades Autónomas, como paso previo a la celebración de la primera Conferencia de Presidentes sin la presencia del Ejecutivo central. El nuevo órgano reunirá a los consejeros y altos representantes de las diferentes comunidades autónomas con el fin de avanzar en la búsqueda de soluciones a problemas que son comunes al conjunto de las comunidades. Para Reverte, el trabajo entre las comunidades autónomas puede dar resultados muy interesantes y ventajosos para todos, «pero el verdadero éxito de los mismos se alcanzará si vinculamos en los mismos al Estado y le exigimos el cumplimiento de sus responsabilidades como garante de la igualdad de oportunidades».
En el transcurso del Encuentro, las comunidades autónomas firmaron una declaración para exigir al Gobierno de España que modifique las normas tributarias para la devolución de las liquidaciones negativas correspondientes a los ejercicios presupuestarios de 2008 y 2009, con el fin de ampliar el plazo de devolución a diez años.